dilluns, 27 de febrer de 2012

A CCOO también le afecta la crisis

  ccoo manifestandose

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Cataluña presentó el pasado viernes en la Generalitat una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para reducir su plantilla en 50 personas, que intentará que salgan de bajas voluntarias, jubilaciones anticipadas y reducciones de jornada. El expediente se ha presentado de acuerdo con la normativa previa a la reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno español. Es vergonzoso que estos vividores que son cómplices de que en España haya 5.400.000 personas el la cola de las Oficinas de Empleo, se quejan de la reforma laboral por qué dicen que con ella se abarata los despidos sean los primeros en acogerse a ella.

La portavoz de CCOO, Dolors Llobet, dice que el objetivo de este expediente es reducir los gastos del sindicato en 1,7 millones de euros, con el objetivo de equilibrar las cuentas sindicales, que han sufrido una caída de ingresos importante en los últimos años. CCOO de Catalunya estima su caída de ingresos prevista para 2011 y 2012 en 3,7 millones de euros.

La disminución de los ingresos se debe básicamente a la caída de las cuotas de los afiliados, que representan un 60% de las entradas de recursos en el sindicato -el otro 40% lo pagamos los contribuyentes-, ya que muchos asociados han pasado a pagar como personas en paro, lo que supone una reducción del 50%, y además ha aumentado el número de afiliados que se dan de baja. Además, han bajado los ingresos que proceden de las administraciones públicas por las tareas de carácter social, sindical o institucional que desarrolla.

La Generalitat adeuda al sindicato una parte de las subvenciones de 2010 y las de 2011, que ascienden a más de un millón de euros, y que corresponden, entre otros, al pago de servicios de asesoramiento o información dirigidos a todos los trabajadores.

El sindicato, que tiene su sede en la Vía Laietana de Barcelona, cuenta con un plantilla de más de 300 personas en las cuatro provincias, entre ellas, administrativos, abogados, asesores y profesionales dedicados a tareas de formación. O sea, 300 personas que no dan golpe y encima les tenemos que pagar subvenciones para que puedan seguir viviendo a costa de los contribuyentes.