El 11 de marzo de 2004, tres días antes de unas elecciones generales se produjo en Madrid la masacre más cruel y terrorífica cometida en Europa, en las 10 explosiones casi simultáneas en cuatro trenes a la hora punta de la mañana (entre las 07:36 y las 07:40) fallecieron 191 personas, y 1.858 resultaron heridas.
Casi ocho años después de esta matanza y después del “juicio” que se celebró en Madrid entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007, algunos españoles aún tenemos muchas dudas de quienes fueron los autores materiales de esta masacre, ya que cada día surgen cosas que difícilmente podemos entender.
La titular del Juzgado Número 43 de Plaza de Castilla (Madrid), Coro Cillán, aceptó la personación del sindicato Manos Limpias en la causa donde se encuentra imputado el que fuera jefe de los Tedax durante los atentados del 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano.
Junto a Manos Limpias, en el procedimiento ejercen de acusación popular la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la madre de Jamal Zougam –el autor material de los atentados-, y el condenado por la masacre, Saed el Harrak.
La juez Cillán tomó el pasado viernes declaración, a instancias del sindicato de funcionarios Manos Limpias, a diversos altos cargos de Renfe y de empresas filiales y subcontratistas, con el fin de determinar quién autorizó la destrucción de los trenes del 11-M.
La declaración que más dio de sí fue la de Fernando Íñiguez, que el 11 de marzo de 2004 era director general de EMFESA, la filial de Renfe encargada de la venta de material de deshecho y de segunda mano. Iñiguez declaró que el 11M, sobre las 11 de la mañana, recibió una llamada del Director Gerente de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, que le dijo que su departamento se haría cargo de la retirada de los vagones que explotaron en Atocha y El Pozo, pero que EMFESA tenía que hacerse cargo del tren de la C/ Téllez. Le dijo que "lo prioritario era la celeridad", que había que despejar las vías, pero que esperara a que se recibiera la autorización del juez, que estaba en permanente contacto con el representante legal de Renfe, José Luis Marroquín.
El papel que jugó, entonces, el Juez Juan del Olmo, sigue en el aire. La juez Coro Cillán sigue esperando respuesta de la Audiencia Nacional, a quien pidió la confirmación de si existió o no orden judicial para autorizar el desguace y la destrucción de trenes.
Anteriormente comentaba que cada día surgen cosas difíciles de entender, pues bien, precisamente ayer sábado el diario La Gaceta publicó en su portada que "el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) escondió el vagón 011R que explotó del 11-M en la calle Téllez". El periodista de Intereconomía Rodrigo Gavilán explica que el viernes encontraron el vagón 011R "un coche semidestruido y que ha sido ocultado durante todos estos años por Renfe".
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