Encima de ladrones nos toman por tontos

Algunas personas mal educadas dicen que la palabra de un alto cargo político vale menos que el pedo de una puta -perdón por la expresión y todos mis respetos a estas señoras-, evidentemente que no estoy de acuerdo en ello, pero sí que creo que algunas veces deberían de mirar lo que dicen porque luego se les vuelve en su contra ya que las hemerotecas les refrescan la memoria y les dejan con el trasero al aire como se verá más adelante.

Después de todo lo poco que he conocido sobre la corrupción del “caso Pallarols”, ayer la portavoz de Unió Democrática de Catalunya (UDC), Marta Llorens, descartó que el líder de la formación, Josep Antoni Duran i Lleida, dimita por este caso, y negó que el partido se hubiera financiado irregularmente y aseguró que sólo es responsable civil: "UDC no ha sido condenada, no hay financiación irregular de UDC". Lo peor de todo es que a parte de ladrones nos toman por tontos. Entonces señora Llorens si no hubo financiación irregular ¿Por qué tuvieron que devolver 388.000 €?

Sí que es cierto que esto lo dijo en una rueda de prensa, y reaccionó así después de que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Partido Popular (PP), Ciutadans (C's) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD pidieron la dimisión de Duran, en coherencia con sus declaraciones del año 2000 en que afirmaba que lo haría si se demostraba que UDC se financió irregularmente; por otro lado el portavoz del Partit dels Socilistes de Catalunya (PSC), consideró que UDC debe dar una "respuesta clara y contundente" tras el desenlace del caso Pallerols, pero evitó por ahora pedir la dimisión del líder del partido democristiano. Así mismo las redes sociales también sacan humo pidiendo su dimisión -foto- y no es para menos

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Y para finalizar vale la pena recordar que militantes de UDC no es la primera vez que son beneficiados por la Justicia. El pasado año hubo indultos firmados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, uno de ellos el de Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat.

Y también como el de Pallerols, resultaron beneficiados otros políticos vinculados a Josep Antoni Duran Lleida. Las condenas de cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel por el conocido como 'caso Treball', respectivamente, fueron sustituidas por dos multas de 3.600 euros. Ambos fueron condenados en marzo de 2009 por la Audiencia de Barcelona, que consideró probado que urdieron un plan para desviar 7,6 millones de las antiguas pesetas del Departamento de Trabajo mediante la contratación de estudios inútiles o plagiados a empresarios afines, pero absolvió al ex conseller Ignasi Farreres, juzgado por su implicación en la trama.