CiU y los catalanes en manos de ERC

 

Ayer comentaba que al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, Convergència i Unió (CiU) le había salido el tiro por la culata por querer adelantar dos años las elecciones, pues este gran fracaso nos puede salir más caro de lo que creemos ya que ahora este irresponsable y los catalanes estamos en manos nada más y nada menos que de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Los republicanos están tensando la cuerda en las negociaciones con CiU pese a los mensajes de tranquilidad que han querido transmitir ambos partidos. La secretaria general de Esquerra ya anunció el pasado sábado, tras la reunión del consejo nacional de su partido, que ambas formaciones habían decidido renunciar de nuevo las tres comisiones creadas -política, económica y sobre la consulta- lo cual indica que las diferencias van más allá de la fecha.

ERC, de hecho, ha impuesto una serie de condiciones que rompen la legalidad vigente, incluso antes del referéndum, y algunas de las cuales son difíciles de asumir para un gobierno con 50 diputados y una deuda que tienen actualmente la Generalitat de más de 45.000 millones euros.

Los principales requisitos de ERC, que no quiere volver a cometer el error de 1980 con CiU o los del 2003 con el tripartito -Partit dels Socialisdes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y ERC- son las siguientes, pero los que levantan más reticencias a CiU, y a sectores empresariales son la creación de nuevos impuestos:

- Compromiso explícito que la consulta sobre las futuras relaciones entre Cataluña y España se realizará durante el año 2014.

- Recaudación de todos los impuestos en Cataluña mediante la creación de una Agencia Tributaria catalana -a esto ya hice hincapié ayer-.

- Segregación del sistema público de pensiones español de las pensiones correspondientes a Cataluña, para crear una administración catalana de la Seguridad Social, con tesorería propia, que incluiría las pensiones y el seguro de desempleo.

- Creación de un Banco de Cataluña, a partir del Instituto Catalán de Finanzas.

- Organización de una administración de justicia propia de Cataluña, con la creación de una fiscalía general catalana. También están previstas competencias plenas para los registradores y notarios de Cataluña.

- Competencia total sobre la gestión de la energía, el agua y las principales infraestructuras del Estado en Cataluña, como en el aeropuerto del Prat y los principales puertos y ferrocarriles.

- Nuevo impuesto sobre las entidades financieras, que grave proporcionalmente las entidades que dediquen menos dinero sobre el total de los depósitos de sus clientes a proporcionar créditos.

- Implantar un impuesto sobre el patrimonio que rebajara el mínimo exento de tributación de 700.000 a 500.000 euros.

- Adaptar el impuesto de transmisiones patrimoniales al tipo de gravamen del 10%.

- Volver al impuesto de sucesiones como lo dejó el último Gobierno tripartito.

- Impuesto sobre las grandes superficies comerciales.

- Impuestos sobre la emisión de gases contaminantes, la utilización de envases de plástico o la producción de residuos nucleares. Este último impuesto se aplicaría a través de la modificación del gravamen de protección civil sobre las centrales nucleares, de competencia autonómica.

- Implantación de la euroviñeta, una tasa para los vehículos pesados que crucen Cataluña por vías de gran capacidad de titularidad catalana.

- Gravamen sobre las bebidas de refresco, que podría ascender a 0,02 céntimos por lata o 0,07 céntimos por litro.

- Incremento de la tributación sobre pisos vacíos que sean propiedad de sociedades mercantiles.

- Eliminación del euro por receta, una medida que está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.