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Instituto Catalán de Salud, Pagos continuados
El presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech, se vio obligado a presentar su dimisión a finales de junio, después de que le afectaran varios casos sospechosos. El más grave fue el presunto pago continuado e injustificado, por parte de Prat, al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Carlos Manté, entre 2007 y 2011.
«Caso Crespo» Negocio de 2,4 millones
La Sindicatura de Cuentas archivó en 2006 un caso que se había destapado a raíz de una auditoría al Centro Médicos Selva Maresme y que se tradujo en supuestos cobros irregulares del exalcalde de Lloret y actual diputado de CiU, Xavier Crespo. Con este caso también se puso de manifiesto un negocio de 2,4 millones de euros obtenidos a costa de dinero público de la Corporación de Salud de la Selva y el Maresme, que benefició durante cinco años a médicos, gestores y concejales. La auditoría estudió las cuentas entre 2000 y 2005 en un escándalo que puso de manifiesto el cobro por atención sanitaria a turistas de la Costa Brava.
«Caso Pretoria» Un fraude de 44,7 millones
La operación Pretoria se remonta a finales de 2009 y hubo un total de 20 imputados, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que el juez Baltasar Garzón dejó en libertad después de que pagasen una fianza de un millón de euros. Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andreu de Llavaneres. El principal implicado en la trama de corrupción y presunto cerebro de la red fue Luis García, un ex diputado del PSC al que se le imputaron los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Al considerársele como cerebro, durante el Tripartito se desvió la atención del caso Pretoria hacia el PSC, si bien se revelaron numerosas escuchas de los implicados con cargos de CiU (ante la inminente victoria electoral de CiU en 2012).
«Caso Parc Central» Compraventa de terrenos
El «Caso Parc Central» se refiere a la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Ángel Fernández, ex concejal de Urbanismo y mano derecha del ex alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Además, Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria. Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. Este caso se remonta a finales de la década de los 90 y a principios de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona finalizó la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. El caso tiene nueve imputados entre políticos y empresarios.
Casinos de Cataluña Tres mil millones para CDC
En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña, entidad que monopoliza el juego en la Generalitat, denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. El caso fue archivado.
Jordi Planasdemunt Seis mil millones en pagarés falsos
En el año 1994, el que fuera consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat (1982-1983) y también director del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Planasdemunt, fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 35 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas) mediante pagarés falsos.
«Caso Pallarols» Nueve millones en subvenciones
Al ex dirigente UDC, Fidel Pallerols, el principal implicado en este escándalo, se le acusó de haber recibido nueve millones de euros en subvenciones del departamento de Trabajo y del Fondo Social Europeo entre 1994 y 1999 para cursos de formación, de los que presuntamente desvió 600.000 euros a la formación democristiana para su financiación. También dimitió el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, UDC. Este caso se remonta a mediados de los noventa, y todavía continúa investigándose.
A más a más aquí dejo un amplio resumen de casos relacionados con este partido político que busca la separación de Cataluña de España.
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