Tal como comentaba ayer el ministro de Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz, pretende una reforma del Código Penal que equipare el castigo para actos vandálicos al terrorismo callejero porque a su juicio, existe una "espiral de violencia" protagonizada por los colectivos antisistema, que usan técnicas de "guerrilla urbana".
La reforma que piensa impulsar el Gobierno podría suponer elevar las penas mínimas de cárcel a dos años para todos aquellos que participen en actos vandálicos, la misma que ahora se aplica a la "kale borroka".
El ministro explicó la semana pasada en su intervención en la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir los supuestos de ataque violento contra un policía, las amenazas y los comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Además, quiere que se considere como agravante el uso de violencia en manifestaciones o concentraciones y se calificará como delito de desorden público la penetración en establecimientos públicos o el obstáculo al acceso a los mismos.
Después que el pasado sábado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) convocara una manifestación en Barcelona contra esta reforma que pretende castigar más duramente a estos indeseables que aprovechan cualquier manifestación, concentración, celebraciones deportivas, etc. para cometer actos vandálicos en cualquier ciudad. Ahora es el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardá, aquel que en su día dijo que el Tribunal Constitucional es un organismo corrupto y pidió la “muerte del Borbón” -refiriéndose al Rey de España-, que cada vez que sube a la tribuna del parlamento del Congreso dice sandeces o monta su numerito, quiere ahora que el ministro informe en detalle sobre esta reforma que, según su punto de vista, "criminaliza la movilización popular y la resistencia pacífica".
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