Me parece lamentable y vergonzoso que a mi edad -y no nací antesdeayer precisamente- no se ha visto nunca en este país que en un espacio tan corto de tiempo sentarse en el banquillo de los acusados a políticos, jueces, duques y altos mandos como se está viendo ahora, lo cual indica la podredumbre que tenemos en él: Hace unos días se juzgó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, Partido Popular (PP), acusado de haber recibido unos trajes, que al no haber suficientes pruebas el tribunal popular lo declaró “No culpable”; el pasado mes de enero se juzgó al juez Baltasar Garzón, por prevaricación por hacer unas escuchas ilegales a unos abogados cuando estaban hablando con sus clientes en prisión para preparar la defensa sobre el caso ¨Gurtel”, el pasado jueves conocimos la sentencia la cual expulsaba a Garzón como juez, y aún tiene pendientes dos contenciosos más; el pasado 26 de enero quedó visto para sentencia el juicio al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, PP, acusado por el caso “Palma Arena”; una vez finalizado el juicio a Matas el próximo día 25, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, se sentara en el banquillo de los acusados en calidad de imputado por el caso “Nóos”, acusado de cobrar indebidamente dinero de fondos públicos; dentro de unos días empezara el juicio al exministro de Fomento, José Blanco, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el caso “Campeón” por varios delitos entre ellos trafico de influencias; y si esto no fuera suficiente, el 8 de marzo también tendrá que declarar como imputado en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid el ex director general de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, número tres de Alfredo Pérez Rubalcaba en el ministerio de Interior.
El motivo de su imputación, es la acusación por parte de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) de su presunta negativa a permitir la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el Órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Una representación a la que, según los estatutos de la Asociación Pro-Huérfanos, tendrían derecho las asociaciones profesiones puesto que son vocales por designación. Según la acusación se impidió a las asociaciones contar tres representantes de estas asociaciones en el órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos. En la querella presentada por la Unión de Oficiales acusa al ex director general de cometer un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y otro posible delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal).
En la querella se detalla la solicitud de las asociaciones profesionales de pertenecer al órgano de Gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos en hasta cuatro ocasiones. En todas ellas, la respuesta negativa o el silencio fue la respuesta recibida, siempre según la Unión de Oficiales. En la querella se detallan los pormenores de esas cuatro solicitudes e incluso se desvela que en una de ellas se aclaró que desde la propia Asociación Pro-Huérfanos se había pedido por conducto oficial que se permitiera esa representación. De ahí que uno de los citados a declarar en el juicio sea el propio presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, el general Rogelio Martínez Masegosa.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada