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El Gobierno ha destinado más de 236 millones de euros este año a la normalización lingüística del gallego, catalán y valenciano. Una partida de los impuestos de todos los ciudadanos de España ha ido destinada en exclusiva a los gobiernos autonómicos con lengua cooficial -excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común de financiación- con el fin de, en teoría, normalizar el uso de estas lenguas autonómicas.
En contra de lo que se defiende habitualmente, desde partidos y entidades nacionalistas de Cataluña y Galicia, sobre todo, el Gobierno sí financia el uso y promoción de la lengua catalana, así como el de la gallega y la valenciana –Datos sobre Financiación de Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía--. El complicado, complejo y discutido modelo de financiación autonómico español da para todo tipo de partidas.
Así, cualquier hecho diferencial de cada comunidad autónoma es defendido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como un valor a proteger y, por lo tanto, necesitado de financiación pública: desde la dispersión poblacional a la insularidad, pasando por la lengua autonómica o la edad de los habitantes.
El modelo de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno y las CCAA en 2009 (en vigor hasta 2013) --Cuadros de liquidación 2009 (pdf)--, establece el pago de 236,85 millones de euros a las CCAA con lengua cooficial, además de la oficial en toda la nación, en concepto de "normalización lingüística". Esta cantidad, para este año, se la han repartido Cataluña (97,9 millones de euros), la Comunidad Valenciana (61,6 millones de euros), Galicia (45,9 millones de euros) y las Islas Baleares (31,2 millones de euros).
Los más de 236 millones están dentro de la partida encuadrada como cantidades "adicionales" en el fondo especial destinado a la sanidad, la educación y los servicios sociales. El cálculo no es exacto anual por lo que, según la fórmula, el próximo año puede variar la cantidad destinada a la "normalización lingüística" en las CCAA con lengua autonómica.
Este modelo echaría por tierra la versión de los partidos nacionalistas, empeñados en defender que el Gobierno se desentiende de las lenguas autonómicas y demuestra que el coste de mantener la "normalización lingüística" (sin fecha final fijada) es, en parte, a cuenta de todos los españoles.
Además, los distintos gobiernos autonómicos pueden aumentar y complementar estas partidas con parte del presupuesto de las CCAA. Por ejemplo, el coste total que la Generalidad catalana destina directamente a la política lingüística en catalán asciende, según los últimos datos oficiales (2010) quepublicó Periodista Digital, a más de 159 millones de euros.
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