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En un siniestro juego de espejos el Gobierno de Zapatero y ETA están escenificando un final de etapa de la banda terrorista y del conflicto vasco. No porque objetivamente se vaya a terminar el endiablado contencioso, sino por los intereses creados de cada una de las partes.
El Gobierno socialista tiene un problema acuciante de votos y ETA un problema acuciante de caja y, por terrible que pueda parecer, ambos se necesitan.
De ahí que el Ejecutivo multiplique los mensajes de que a la banda le quedan dos telediarios (Rubalcaba ve "cerca el final de ETA"), y que los del otro lado no disimulen sus deseos por cambiar la cartuchera por la americana de concejal, sin pasar, eso sí, por el traje a rayas (desde la caída del caballo de Txeroki en El País, a comienzos del verano, hasta el comunicado de los presos etarras en el que tienen la inmensa caradura de pedir "una amnistía completa").
Pero no es un final de etapa, como quisieran los zapateristas en apuros y los etarras cansados de la dura vida del zulo y la clandestinidad, sino final de legislatura socialista, que no es lo mismo; y el candidato Rubalcaba necesita como el comer la foto de una falsa paz; y ETA y su entorno necesitan de forma no menos imperiosa aliviar la presión de sus reclusos y reciclar su ejército de pistoleros y escuderos del terror en diputados de Sortu y Bildu.
De suerte que la siniestra componenda vendría a resumirse -en trazo grueso- de esta guisa: tú me ayudas a no perder las elecciones por goleada, o por lo menos a que el anunciado batacazo tenga mullido airbag, y yo te facilito las cosas para que te vayas de rositas, ora con amnistía, ora con blanqueamiento del TC para colar proetarras en las listas electorales.
Una urgencia mucho más difícil de satisfacer para los proetarras con el PP en el Gobierno que con un PSOE que, hasta la fecha, les ha dado casi todo lo que han pedido.
Maquiavélicos planteamientos que no tienen encaje en un Estado de derecho. Así lo han denunciado las Víctimas del Terrorismo, hartas de la tomadura de pelo de la era zapaterista.
No caben atajos para María José Rama, viuda de un guardia civil asesinado hace nueve años en Leiza, que en el homenaje celebrado el pasado sábado dijo: "No pararé hasta que los asesinos de mi marido paguen su culpa".
Lo único que puede y debe haber es el cumplimiento de la ley. Nada de eso aparece ni en los comunicados de ETA, que no renuncian ni a la violencia ni a sus delirantes objetivos de siempre -independencia y territorialidad-, ni tampoco en el comunicado de los presos.
Estos últimos, con decenas de víctimas en su haber, tienen el atrevimiento de exigir el reconocimiento de un "estatus político", porque, dicen, "somos imprescindibles" para "lograr una solución al conflicto que sufre nuestro pueblo". Sería para tomárselo a chiste, si no fuera porque el propio Gobierno socialista le ha reído las gracias al entorno etarra y dado alas a sus órdagos, mediante la negociación y la tregua-trampa.
En una tertulia realizada el pasado 15 de julio con el periodista Alfredo Crespo y el abogado Rubén Mújica, hijo del dirigente socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA en 1996, dejan muy claras las intenciones del actual Gobierno.
También Alberto Lardiés revela en el diario La Gaceta de ayer el enésimo indicio del obsceno conchaveo. El ahora candidato Rubalcaba se reunió con un mediador entre el Gobierno y ETA antes de dejar la cartera de Interior.
Se trata del israelí Spektorowski, vinculado al grupo del sudafricano Brian Currin y que mantiene excelentes relaciones con el diplomático Shlomo Ben Ami, que colaboró en la negociación soterrada entre Gobierno y ETA
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