La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido definitivamente la manifestación atea que varios colectivos habían programado para el Jueves Santo al considerar que “coincide con las procesiones tradicionales” y que “habido unanimidad entre las instituciones en pedir su desautorización”.
La idea de celebrar una procesión atea (que más tarde pasó a ser sólo manifestación) surgió de la asociación vecinal La Playa de Lavapiés y de dos organizaciones ateas (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la plataforma Ateos en Lucha), que se propusieron celebrar “un acto, para lo que consideramos que tenemos todo el derecho del mundo, en el que poder manifestar libremente nuestra opinión sobre nuestras creencias religiosas, que son ninguna”.
Según explica la organización vecinal La Playa de Lavapiés en un comunicado publicado en su página web, los organizadores de la marcha no tenían pretensión ninguna de “atacar a las personas que sí las tengan (creencias religiosas), sean del tipo que sean”.
Sin embargo la polémica surgió cuando múltiples medios de comunicación y políticos madrileños del Partido Popular criticaron duramente la “provocación”, relacionándola incluso con los desnudos en las capillas universitarias. Junto a las voces críticas surgió una recogida de firmas ciudadana contra la marcha y varias asociaciones se unieron para denunciarla.
De hecho, la plataforma Hazteoir.org presentó ayer más de 100.000 firmas solicitando la prohibición de la marcha. Esta misma organización, además, se ha querellado contra los presidentes de las asociaciones convocantes de la llamada “procesión atea” por los delitos de provocación al odio por motivos religiosos, reunión o manifestación ilícita, delito contra los sentimientos religiosos y genocidio.
En un programa de radio Santiago Ochoa, integrante del colectivo Ateos en lucha, hizo referencia a la plaza de Agustín Lara, donde se encuentran las ruinas de las Escuelas Pías. “Esa iglesia la quemó el pueblo de Madrid y para nosotros es una referencia imprescindible", aseguró Ochoa.
En cualquier caso no lo tienen fácil, pues aunque la Delegación del Gobierno hubiera permitido la marcha, el Ayuntamiento de Madrid no la hubiera permitido, tal y como anunció cuando tuvo conocimiento de la iniciativa.
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