El “caso Faisán” es el apelativo con que se denomina a una investigación judicial llevada a cabo en España por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una red de extorsión de ETA, cuyo cuartel general estaba ubicado presuntamente en el bar Faisán de Irún, propiedad de Joseba Elosua, desde donde se le reclamaba a los empresarios vascos a pagar el impuesto revolucionario. El procedimiento empezó con el procesamiento de 24 personas, relacionadas en el envío de cartas de extorsión de ETA, destinadas a la gestión de cobros del citado impuesto en los periodos comprendidos entre marzo de 2005 y febrero de 2006.
El caso alcanzó gran notoriedad pública, debido a un “chivatazo” que miembros del Cuerpo Nacional de Policía dieron a Joseba Elosua, presunto miembro de la red de extorsión de ETA, el 4 de mayo de 2006, para que no cruzaran la frontera a Francia para que no fueran detenidos estos asesinos que llevan casi 1000 muertos a sus espaldas (entre ellos decenas de policías nacionales y guardias civiles).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Garzón que archivase la investigación abierta sobre el chivatazo, el 5 de octubre de 2009, ya que según la misma después de más de tres años de investigación no existían pruebas fehacientes que demostrasen de manera inexorable la hipótesis de que García Hidalgo, por entonces Director de la Policía, estuviese detrás del chivatazo o filtración.
Ante tanta iniquidad, el Partido Popular (PP) anuncio que se iba a constituir en acusación particular. La Asociación Dignidad y Justicia hizo lo propio, exigiéndole al juez Garzón que fuera la Guardia Civil quien asumiera toda la investigación, alegando que existían dos cortes de video de la entrada del bar Faisán, relacionado con el momento clave del presunto soplo de la operación.
Desde el 14 de octubre de 2009, el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, en cada sesión parlamentaria le está pidiendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique a la cámara de los diputados quien dio el chivatazo, a lo que el ministro nunca ha querido contestar.
Ahora afortunadamente el caso Faisán está en manos del juez Pablo Ruz, el pasado lunes consideró que existen indicios para declarar que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo a ETA por parte presuntamente de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Y que este soplo supone (según dijo el magistrado) un delito de revelación de secretos y otro de colaboración con banda armada.
Esperemos que el juez Ruz pueda llevar el caso hasta el final y, pueda desenmascarar y meter a la cárcel al traidor o traidores si los hubo, por respeto a las victimas del terrorismo, a las Fuerzas y Cuerpos del Estado y, de todos los españoles.
2 comentaris:
Este "faisán" huele a podrido, como podrido está el gobierno Zapatero. Una vergüenza nacional.
Ojo, que quizás después del caso Faisán nos esteremos de algo gordo también.
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