Viviendo del Estado, o sea, de los ciudadanos

Aqui hay una familia que nunca ha conocido crisis económica ni nunca la conocerá: la formada por Cándido Conde-Pumpido (Fiscal general del Estado) y su esposa Clara Martínez de Careaga. ¡Los dos viviendo del Estado, o sea, de los ciudadanos!

Clara Martínez, con una brillante hoja de servicio en las Fuerzas Armadas, por fin podrá desempeñar con toda tranquilidad su puesto de magistrada en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, dedicada a lo militar. Una sala con muchíííííísimo trabajo, dado el tamaño de las Fuerzas Armadas españolas y el amplísimo fuero militar.

Según publica el diario La Ley, la pobre Clara Martínez de Careaga se enfrentó a la impugnación de su nombramiento y el otros dos magistrados por una compañera, María Asunción Salvo, presidenta suspendida de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, que no estaba de acuerdo con las razones que adujo el Consejo General del Poder Judicial en 2009 para nombrar a estos candidatos de entre los que optaban al cargo.

Dos sueldazos para superar la crisis, dos coches oficiales y dos megapensiones. ¡Y sin incompatibilidades entre funcionarios! ¿Veis cómo estamos saliendo de la crisis como dice Always Marruecos? Hala, ya podéis iros contentos al botellón y al revolcón del fin de semana, jóvenes y jóvenas (como dice la Pajin). Aprended cómo se triunfa en esa vida con trabajo duro y con un carné de un partido político.

La Justicia española de manos de su Fiscal General Conde-Pumpido se ha convertido salvo raras excepciones, en la verdadera defensora de los gatuperios que viene cometiendo el Gobierno de Zapatero. El chivatazo a ETA, el posible enriquecimiento del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez, el caso Matsa que le afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves González, la invulcración al parecer de su sobrina en el caso Malaya, y tantas cosas más se están dejando pasar por alto ya que ni tan siquiera se llevan a cabo las investigaciones pertinentes referidas a todos estos casos afectados de un posible delito de corrupción y, lamentablemente así nos va.