Si no fuera por la tragedia que supone el secuestro de 36 personas con grave riesgo para sus vidas, la larga serie de despropósitos en torno al joven pirata apresado en Somalia podría calificarse de auténtico sainete.
Estamos ante un espectáculo impropio de una sociedad madura que debería de hacer frente a este tipo de situaciones con sentido de la responsabilidad y eficacia institucional.
Por mucho que la Fiscalía pretenda acreditar con informes de todo tipo que el imputado es mayor de edad, parece que no hay manera de convencer al juez Santiago Pedraz, que ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Menores.
Por lo visto, éste tampoco sabe qué hacer, todo ello en medio de una estrambótica discusión jurídica que se ahoga en lagunas legales y en elucubraciones sobre qué instancia judicial es competente para decidir sobre la situación personal y procesal del pirata.
El Gobierno Zapatero es el primer interesado en demostrar esta discutida mayoría de edad para evitar cualquier sombra de irregularidad en el proceso, y ello explica que la Fiscalía esté empleándose a fondo aunque con escaso resultado.
De hecho, ha estado a punto de producirse en algún momento el espectáculo lamentable de un pirata de paseo por las calles de Madrid mientras los marineros del «Alakrana» padecen un cautiverio intolerable.
La angustia de los familiares resulta comprensible, lo mismo que la inquietud en el sector afectado, cuya reivindicación acerca de la seguridad de los buques que faenan en aquella zona peligrosa tenía que haber sido atendida hace tiempo
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