Políticas de Estado para el Alzheimer

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), junto con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), instaron ayer al Gobierno a crear políticas de Estado del Alzheimer debido a "que es una enfermedad que afecta ya a 3,5 millones de personas en España y supone un coste anual de 24.000 millones de euros anuales".

Así lo manifestó el presidente de la Ceafa, Antonio Hueros Iglesias, en rueda de prensa, con motivo del Día Internacional del Alzheimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre.
"Llevamos desde 2010, cuando se conformó la 'Alianza para el Alzheimer', intentando crear un libro blanco que dé lugar a una política nacional del Alzheimer. Esa es nuestra intención y nuestra reivindicación", señaló Hueros.

"Es una enfermedad que no tiene tratamiento eficaz, y hoy por hoy no tiene cura. Se estima que 800.000 personas están enfermas de Alzheimer, lo que afecta a unos 3,5 millones de personas si contamos a los familiares. Todo ello supone además 24.000 millones de euros, casi el 1,5% del PIB", añadió.

La política nacional del Alzheimer, según indicó Hueros, debe estar centrada en la persona, ya que, a su juicio, debe superar los planes y estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento, y que se centraban en la enfermedad.

"Las políticas de Estado deberían ser una superación y centrarse en la persona. A partir de ahí, se hablaría entonces de la enfermedad de esa persona, pero hay que garantizar que todos los recursos estén dirigidos al mismo fin, que es que la persona deje de sufrir".

El responsable de Relaciones Institucionales de la Semergen, Alberto López Rocha, también quiso subrayar la importancia de la persona así como de los propios familiares, quienes, a su juicio, son los que deben intervenir para detectar precozmente la enfermedad, aunque también recordó que el Alzheimer requiere un tratamiento multidisciplinar: cuidados de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales...

En ese sentido, el director general del Imserso, César Antón Beltrán, señaló "que es necesario unas políticas coordinadas entre el gobierno y las asociaciones".

"Apostamos siempre por actuaciones coordinadas entre los profesionales de la sanidad, los servicios sociales, las entidades público-privadas y la propia familia, ya que esa es la forma con la que podemos detectar la enfermedad con mayor rapidez".

Con respecto a la actual Ley de Dependencia, Hueros se lamentó de que "todavía quedan muchas cosas que mejorar" y pidió que "mientras se desarrollan las políticas de Estado, se siga impulsando la ley actual".
"Les pedimos a las Administraciones que los ajustes que se tienen que realizar, ya que creemos que son necesarios por la actual situación por la que atravesamos, se apliquen en último lugar a los más necesitados. La ley de Dependencia debe mejorar en el sentido de que se incluyan en el paquete de servicios las terapias no farmacológicas, porque son esas terapias las que ayudan a que el cerebro siga funcionando, y sin embargo, son las que más se están eliminando con la crisis".

Según señaló Beltrán, en la actualidad hay unas 305.000 personas pendientes de recibir la prestación de la ley de Dependencia, de las cuales, el 57% están considerados grandes dependientes o dependientes severos.