Ser solidario y no pagar no sirve de nada

El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo dejarán de recibir atención médica gratuita, tras la reforma anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy, Partido Popular (PP) para reducir el abultado gasto sanitario. Sin embargo, al menos cinco comunidades autónomas (CCAA) -Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña- ya han anunciado que seguirán otorgando el servicio universal gratuito a los sin papeles, en contra de lo decretado por el Ejecutivo, aunque por el momento no han especificado cómo lo piensan hacer. Dichas CCAA aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España.

A primeros de agosto, el Ministerio de Sanidad comunicó a las regiones cómo implementar el nuevo mecanismo de atención médica a inmigrantes irregulares, ya que son las CCAA las encargadas de ponerlas en marcha por tener transferida la competencia sanitaria. El plan del Ejecutivo establece que aquéllos que carezcan de especiales problemas de salud deberán contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas para poder ser atendidos, cuyo coste ascenderá a 710,40 euros al año (59,2 euros al mes) para personas de hasta 64 años y de 1.864,80 euros (155,4 euros al mes) para los mayores de 65. Mientras, para los extranjeros que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantizó la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anunció que pasará la factura a sus respectivos países de origen.

Es muy duro y lamentable que se tenga que tomar esta decisión, pero cuando no hay más cera que la que arde y por mucha humanidad que se quiera tener si no hay dinero es imposible poderles atender como por suerte de les ha podido atender hasta la fecha.

Los Gobiernos autonómicos que se oponen a esta medida estudian estos días cómo prepararse para seguir prestando atención médica a los extranjeros indocumentados. Aunque es curioso que la Generalitat de Cataluña como no podía ser de otra manera se opone a esta medida propuesta por el Gobierno de Rajoy, y así parece muy solidaria con estas personas de cara al resto de España, pero luego resulta que estos derrochadores que nos desgobiernan en la Generalitat no pueden pagar la Sanidad ni a los autóctonos.

Si tuviésemos un gobierno decente estas comunidades serian las primeras en ser intervenidas para seguidamente aplicarles el artículo 155 de la Constitución.

No tenemos que olvidar que no hace mucho tiempo cuando era presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para poder sacar los presupuestos del Estado adelante siempre contaba con el apoyo -votando a favor o absteniéndose según interesaba- de los partidos políticos de Convergència i Unió (Cataluña), Coalición Canaria (Canarias), Partido Nacionalista Vasco (País Vasco) a cambio de ¿?, y ahora pagamos las consecuencias al tener varias duplicidades que para lo mismo tenemos que pagar dos veces por cada una de ellas.