Una indemnización de 208.000 euros

Del que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) (2008-2012) Carlos Divar Blanco -foto-, no dispongo referencias suficientes de su persona y por su edad (71 años) merece todos mis respetos, pero no por ello no voy a dejar de decir que me parecería no tener vergüenza si se atreve a cobrar una indemnización de 208.000 euros cuando presentó su dimisión al destaparse un escándalo de malversación de caudales públicos a raíz de una serie de viajes que realizó a Marbella (Málaga) varios fines de semana, no justificados y pagados con dinero público. Pero lo peor del caso fue que sus compañeros aplicaron aquello de “Hay que matar al mensajero” y pidieron la demisión de quien lo denunció. Con lo cual al dimitir no le corresponde ninguna indemnización, y en el caso de que hubiese sido cesado una cantidad así no se le puede pagar por muy presidente que haya sido durante cuatro años del CGPJ tal como está hoy el país ya que sería una burla a todos los españoles.

Pero por suerte no soy yo solo quien opina así, los principales sindicatos del sector de la Justicia valoraron ayer como una "vergüenza absoluta" que mientras se recorta a los empleados públicos, el expresidente del CGPJ Carlos Dívar vaya a cobrar una indemnización de 208.000 euros.

El portavoz de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO), Javier Hernández, afirmó que esta noticia en tiempos en que los trabajadores sufren una oleada de recortes supone "un atentado brutal a los derechos de los ciudadanos".
Hernández calificó de "vergüenza absoluta" que por un lado se exijan cada vez más esfuerzos a los trabajadores mientras por otro se mantienen "normas inaceptables" con las que determinados órganos fijan sus propias retribuciones.

El portavoz sindical pidió al CGPJ que cambie la ley que permitirá a Dívar cobrar esa indemnización y más aún cuando tuvo que dimitir por un mal uso de fondos públicos. "Si no son capaces de hacer esto (cambiar la ley), verdaderamente no son representantes de nadie y muchos menos de los ciudadanos", sentenció Hernández.

El nuevo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, respaldó el jueves la solicitud de su antecesor en el cargo de cobrar esa compensación y afirmó que en caso contrario "se incumpliría la ley". Estas declaraciones no han gustado en CCOO y el portavoz de Justicia de la organización sindical las calificó de "intolerables, inaceptables y vergonzosas".

Por otra parte, desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSI-F, su presidente del Sector Nacional de Justicia, Francisco Lama, afirmó que no están de acuerdo con la indemnización y que es una noticia "negativa".

Enmarcó este hecho dentro "de la mala gestión que se está haciendo del dinero público" y recordó que al igual que esta indemnización, hay otros casos escandalosos de despilfarro del dinero que pagan los contribuyentes. Como ejemplo citó las dietas de 1.800 euros que están cobrando algunos diputados con domicilio en Madrid en concepto de "alojamiento y manutención".

El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, se mostró más cauto y no quiso entrar a valorar directamente un hecho que está recogido en la ley. Eso sí, advirtió de que "todo el mundo tiene que pensar muy claramente lo que hace y las repercusiones que tiene", y más en época de crisis.

Artal considera que la actuación de Dívar "éticamente puede ser reprobable" y que "cada persona con sus actos, más o menos, se retrata". Echa en falta que el Gobierno no incluyera en su último paquete de recortes la supresión de las indemnizaciones a los altos cargos y declaró que más pronto que tarde este tipo de compensaciones "se tienen que revisar".