Bolsillos de cristal

Con la ley aprobada este viernes por el Consejo de ministros va acabar con los escándalos de corrupción como los que han ocurrido últimamente en este país, un ex presidente de la Comunidad Balear, Partido Popular (PP), acaba de de ser condenado con seis años de cárcel por tal motivo, el “caso Gürtel” del PP que se esta investigando, los escandalosos ERE de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que también se están investigando, el “caso Campeón” que puede implicar al exministro de Fomento del Gobierno del PSOE, y suma y sigue. Con esta ley se acabaran las buenas mariscadas, los abusos de las tarjetas VISA y teléfonos móviles, y la utilización de miles de coches oficiales. Aunque con ella no descarto que estos vividores sindicalistas de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y artistas de ceja que han vivido varios años del pesebre socialista no le monten la segunda huelga general al Gobierno de Mariano Rajoy.

El Gobierno deja atrás la retórica y las buenas palabras de épocas anteriores para poner encima de la mesa una histórica Ley de Transparencia, con la que la administración central, autonómica y local estarán bajo vigilancia, con el plus de que todos los ciudadanos podremos ejercer de controladores. La norma se enfrenta a partir de ahora con la liturgia parlamentaria, que podría demorar bastante su puesta en funcionamiento, pero de la letra y la música se desprende que muchos de los casos de corrupción que hoy nos escandalizan a todos no podrán repetirse.

“Si esta ley hubiera existido antes, casos como el Gürtel, Campeón o de los ERE, sin ningún tipo de control se podrían haber evitado, o, en caso de producirse, nos hubiésemos enterado antes y no se hubiese tejido esta tela de araña que veremos como acaba.

Ahora por suerte todas las administraciones estarán en el punto de mira. Las conductas que se sancionarán serán aquellas contrarias a las formas de buen gobierno, a la ley presupuestaria actual y a la futura ley orgánica de estabilidad presupuestaria que actualmente se tramita en el Parlamento. Habrá varias categorías de delito; las más graves conllevarán la inhabilitación de diez años. Es cuando haya “verdadero falseamiento y ocultación” de datos contables “ligados al cumplimiento de la normativa presupuestaria”.

Esta norma tiene, además, otro aspecto igualmente relevante, y que tiene como objeto acabar con la opacidad de todo lo público; el secretismo con el que hasta la fecha se habían llevado las cuentas públicas, de las que rara vez teníamos conocimiento los ciudadanos. De nuevo, utilizando la percha de “la credibilidad y la confianza”, Sáenz de Santamaría anunció que las administraciones se abrirán de par en par permitiendo conocer a todos las subvenciones y ayudas públicas hechas, las retribuciones de altos cargos y directivos o en qué grado de ejecución está una obra determinada y cuál es su presupuesto.