La explotación laboral marroquí

La Federación Setem, que aglutina 10 ONG de solidaridad internacional, alertaron el lunes que las administraciones públicas catalanas desconocen si los uniformes que utilizan las brigadas municipales de limpieza y los cuerpos de bomberos y de policía autonómica, entre otros, han sido fabricados bajo explotación laboral.

Según un informe elaborado por la entidad, "las administraciones no saben cómo ni dónde se fabrica la ropa que compran y las empresas proveedoras no ofrecen garantías de que su producto no contribuye a la explotación de obreras marroquíes".

El informe, financiado por la Unión Europea en el marco de la campaña internacional Ropa Limpia, es el resultado del análisis de 26 empresas proveedoras de la administración pública catalana, en especial aquellas que trabajan en la zona de Tánger. Su coordinador en Cataluña, y coautor del informe, Albert Sales, señaló que es "extremadamente preocupante" que las administraciones públicas que adquieren ropa fabricada en Marruecos no sean capaces de exigir una total transparencia de las condiciones de trabajo en que se ha elaborado esta ropa.

Por ello, Setem ha pedido a las administraciones que se interesen por conocer las empresas que participan en la elaboración de ropa y uniformes y elaboren un listado para que las ONG puedan denunciar posibles casos de abuso contra los trabajadores.

Según ha informado la entidad, las administraciones públicas no han facilitado el listado de proveedores de las empresas que les venden ropa, pero el equipo de Setem ha logrado conocer y desplazarse a cuatro fábricas textiles de Tánger, dónde se han entrevistado con las trabajadoras.

Tras conocer la situación, Setem ha denunciado que las empleadas marroquíes que elaboran la ropa y los uniformes trabajan 12 horas de lunes a sábado y cobran 210 euros al mes, algo que desconocen las administraciones públicas que las contratan, y siguen sumidas en la pobreza pese a tener jornadas laborales "extremadamente extensas".

En este sentido, la federación ha animado a las instituciones a "dar los primeros pasos en materia de compra pública responsable" y que se comprometan a exigir transparencia a las empresas que participan en el proceso de elaboración de la ropa y los uniformes de las administraciones públicas.