El grupo Discapacidad Intelectual Cataluña (Dincat) pide a las administraciones una mayor coordinación en la atención a las personas con discapacidad intelectual, así como coherencia en la continuidad asistencial.
Entre las prioridades contenidas en las conclusiones del estudio realizado por esta entidad, destaca el deseo de las familias de contar con un profesional de referencia. De esta manera se acortarían los trámites burocráticos y se facilitaría la relación de la familia con las distintas administraciones.
Piden también un trato fiscal que reconozca su especial situación, ya que denuncian que el gasto por un miembro familiar con discapacidad intelectual es muy alto en comparación con la ayuda que reciben de la administración pública. En este sentido, abogan también por una compensación por el sobreesfuerzo económico que les supone un miembro familiar con estas características.
Entre las muchas otras propuestas, Dincat expone mejores prestaciones farmacéuticas, servicios sociales de "respiro" para el resto de familiares, asegurar la atención de urgencias o revisar la legislación para la compatibilización de la vida familiar y laboral. La entidad ha remarcado que lo que piden no son privilegios sino "hacer justicia, que es dar desigual al que es desigual". Mediante esta discriminación positiva pretenden tener los mismos derechos que el resto de familias, aunque teniendo en cuenta sus especiales necesidades.
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