Con el objetivo de terminar con los pagos y cobros de dinero en negro, las entidades bancarias o de crédito se verán, a partir del proyecto presentado el próximo mes de febrero, obligadas a informar anualmente de los movimientos superiores a los 3.000 euros efectuados por profesionales o empresas.
Lo que hasta ahora era una función de Hacienda pasará ahora a manos de las entidades financieras. El fraude fiscal se ha incrementado en estos últimos meses a causa de la severa crisis económica originando minorar los ingresos del Estado.
La recaudación por IVA descendió un 30 %, siendo este retroceso el mayor desde la instauración de este impuesto en el año 1986. Mientras que la recaudación en el impuesto de sociedades cayó en un 23 %.
Se ha comprobado que la mayor parte de la defraudación fiscal proviene de las empresas, por lo que con la declaración y transparencia de los movimientos superiores a esta cifra se impondrá un mayor control sobre los defraudadores.
Para el gobierno no solo se busca con esta medida la justicia social sino alcanzar el equilibrio necesario en las cuentas públicas. Se estima que para finales del año pasado el déficit del Estado era equivalente a un 10 % del PIB.
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