Antes de que finalice este mes de enero, el Gobierno propondrá a los agentes sociales y a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un paquete de reformas del sistema público de empleo, con el objetivo de hacerlo viable más allá del año 2025, tiempo en el que los especialistas calculan que dicho sistema está garantizado. Se ha podido conocer algunas de estas propuestas que se harán públicas antes de que finalice el mes.
La más importante de ellas, y con la que más tiempo se lleva trabajando, es la ampliación del periodo de cálculo de la prestación. En estos momentos, para calcular una pensión de tipo contributivo se tienen en cuenta las cotizaciones efectuadas por el trabajador en los quince últimos años de su vida laboral. El Gobierno pretende que dicho periodo se amplíe a 20 años, aunque, en estos momentos, en la comisión de seguimiento del último acuerdo en materia de pensiones, se estudia una ampliación inmediata a 18 años.
Periodo de cálculo
Los expertos consideran "insuficiente" la propuesta teniendo en cuenta que la mayoría se inclina porque el cálculo se establezca en función de toda la vida laboral del trabajador. El problema es que una ampliación de los 15 años actuales a 20, supondría un escaso recorte para los beneficiarios del sistema de los próximos 10 años, siendo más significativo para la generación actual de los 45 años, la que tiene más trabajadores en activo.
Edad de jubilación.
Como contrapartida se propondrá, también, la posibilidad de prolongar la vida laboral más allá de los 65 años, ocupándose a tiempo parcial y obteniendo el empresario, a cambio, importantes incentivos en materia de cuotas a la Seguridad Social.
Cuotas congeladas
Unas cuotas que, por el momento, no se rebajan. Los empresarios deberán esperar al menos cinco años para obtener su ansiada reivindicación. La rebaja de la cuota empresarial en por lo menos cinco puntos. El Gobierno estaría dispuesto a reconsiderar la actual congelación siempre que el empleo evolucione positivamente y, por lo tanto, las afiliaciones.
Pensión de viudedad
Lo que está claro, también, es que no se suprimirán las pensiones de viudedad, tal y como se ha venido rumoreando, aunque sí se reformarán haciendo incompatible el cobro de esta prestación a los beneficiarios que se encuentren trabajando. Actualmente, es compatible la percepción de una prestación por viudedad con un sueldo como trabajador en activo y otro tipo de ingresos. Y eso el Gobierno lo considera "injusto socialmente hablando".
El Gobierno tiene la intención de que esta reforma del sistema público de pensiones se discuta por los agentes en el seno del diálogo social para, posteriormente, una vez alcanzado un acuerdo, someterla al dictamen de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
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