Según ha confirmado la Fiscalía General del Estado a Redacción Médica, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dictó a finales del pasado mes de noviembre una orden dirigida a todos los fiscales para que pidan penas de prisión para los mayores de edad que cometan agresiones a profesores o médicos de centros públicos, amparándose en el artículo 550 del Código Penal, que define como delito de atentado las agresiones contra empleados públicos o contra los agentes de la autoridad.
Desde la Fiscalía se quiere acabar así con la diferencia que existe entre comunidades autónomas, y unificar criterios en todo el ámbito nacional. Hasta ahora, los médicos que trabajaban para los servicios de salud públicos de autonomías como Asturias, País Vasco o Andalucía, contaban con esta medida disuasoria como protección, pero los profesionales de otras regiones no disfrutaban de ella.
Llama la atención que el escrito de Conde-Pumpido excluye aquellas agresiones producidas en centros privados o de carácter concertado, porque los médicos que desempeñan su labor en estos centros no ostentan la condición de funcionarios públicos a efectos penales, según indica la instrucción del fiscal general del Estado.
Además, en este texto el fiscal general afirma que a partir de ahora ya no hace falta que se produzcan lesiones, ya que el delito se consuma con el ataque al profesional sanitario, incluso si el agresor no logra su objetivo de golpear a la víctima. Hay que recordar que hasta el momento las agresiones sólo se calificaban como delito cuando se producían lesiones de gravedad a las víctimas.
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