Más de 15 asociaciones de mujeres feministas y contra los malos tratos han denunciado la mala aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Consuelo Abril, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, asegura que los jueces que dirigen los juzgados de violencia de género "no están especializados" en este campo.
Además, denunció que en muchos de estos juzgados especializados, que tienen competencias civiles y penales, se decreta la custodia compartida de los hijos de un matrimonio en el que ha habido malos tratos. Y es que, a su juicio, el régimen de visitas debe suspenderse si se detecta maltrato.
La patria potestad se tiene que privar a aquel progenitor que no tenga capacidad y que haya perpetrado malos tratos a su pareja. "Eso lo marca la ley, pero los jueces no lo hacen", aseveró.
Por su parte, la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamentó la indebida aplicación de lo que a su juicio, es "una buena ley" que, además, supuso un "gran avance" en la lucha contra esta lacra.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres para la Salud, Soledad Muruaga, denunció que los informes psicosociales que se elaboran sobre malos tratos "son un desastre" y perjudican a las víctimas, mientras que los maltratadores alegan el llamado síndrome de alineación parental. Para Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, ese síndrome es "una patraña".
Por su parte, Amalia Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", manifestó que les gustaría ver que un fiscal pide la prisión provisional y un juez la decreta para aquel hombre acusado de malos tratos y que incumple la orden de alejamiento
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