Los trabajadores sociales no han cobrado este mes

Hace días que lo veíamos venir y al final ha ocurrido. La Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña confirmó ayer que no hay liquidez para efectuar los pagos de julio a las entidades sociales con las que la administración tiene plazas concertadas, como geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales. Más 100.000 trabajadores sociales no han cobrado su mensualidad por el impago del Gobierno catalán.

Así, las entidades sociales no ingresarán los pagos corrientes que debían recibir hoy, aunque el mes de agosto se podrá pagar según la Consejería de Bienestar Social y Familia. Aún así, en agosto se ingresará el importe correspondiente a ese mes sin saber cuándo se podrá efectuar el pago de la cantidad correspondiente a julio que ahora no se ingresará.

Las mismas fuentes han subrayado que el problema es "puntual" y que el consejero Josep Lluís Cleries ha estado lidiando hasta el último momento con el departamento de Economía para conseguir los fondos necesarios.

La Consejería estuvo comunicando ayer tarde a las entidades que finalmente no se podrán efectuar los pagos de julio, una situación que supone el "colapso" de miles de organizaciones, según alertó la Taula del Tercer Sector Social, que aglutina a más de 4.000 entidades.

La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alertó el pasado martes a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible "desatención" de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Catalunya por el posible impago de las nóminas, ahora confirmado por la Consejería de Economía.

El texto presentado ante el Ministerio Público, alerta de situaciones asistenciales "críticas", especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.

Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un "plan de choque": pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes. Hoy mismo Ascad presentará una denuncia "en firme" ante la Fiscalía para que determine si la Generalitat ha abandonado a los dependientes.

Los más de 100.000 trabajadores sociales no han cobrado la nomina de julio, pero estoy completamente seguro que los 135 políticos que componen el Parlament -Parlamento- de Cataluña, altos cargos y el resto de personas que tienen colocados a dedo la gran mayoria de ellas sin preparación alguna solo por ser familiares o afines ya la cobraron ayer día 30. Si no echamos ¡Ya! a más de la mitad de políticos de todas las administraciones públicas -desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central- y a todos los enchufados que les rodean sin dejar ni uno es imposible salir de ésta.