Las irregularidades en las cuentas del instituto Nóos salen a la luz como consecuencia de las investigaciones del caso 'Palma Arena', una trama de corrupción en el Gobierno balear que comenzó a destaparse en agosto de 2008, y en la que hay ya más de una treintena de imputados, entre políticos, cargos ejecutivos y personal técnico, siendo el principal procesado el expresidente autonómico de Baleares Jaume Matas.
El 22 de julio del año pasado, el juez José Castro, instructor del 'caso Palma Arena', abrió una nueva pieza en la causa (la número 25, bautizada como 'operación Babel'), en la que pedía información sobre los convenios firmados en los años 2005 y 2006 entre Illesport e Ibatur, dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos para la organización del Fórum Illes Balears. El juez requería al Instituto Nóos que acreditase "haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones".
Los expedientes administrativos estaban plagados de irregularidades. Para empezar, porque la adjudicación de los convenios se hizo sin concurso público, y, además, porque las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a no ser que se justifique que estas son las únicas que pueden prestar el servicio. De hecho, en febrero de 2006, el Partido Socialista Islas Baleares-Partido Socialista Obrero Español (PSIB-PSOE) ya había preguntado al Ejecutivo balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro.
El fiscal sospechó entonces que Nóos había desviado un millón de euros de los 2,3 millones facturados por los foros de Baleares, con un sobrecoste del 170%.
El pasado 2 de junio, el juez Castro citó como imputado a Diego Torres. En su declaración, Torres defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Gobierno balear.
El 19 de julio, el magistrado imputó a José Luis 'Pepote' Ballester y al exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, por el mencionado presunto desvío de 2,3 millones de euros.
El pasado 8 de noviembre, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió un registro en las oficinas de Barcelona de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos. La Policía registró también la casa de Torres y recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias documentación sobre los contratos firmados con Nóos.
El 9 de noviembre, Anticorrupción apuntó a que tanto Urdangarin, como su antiguo socio, Diego Torres, urdieron "un entramado societario cuando ambos estaban al frente del Instituto Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía esta fundación", y que, para ello, se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración, y se simulaban asimismo trabajos ficticios.
¿Como de desproporcionados? El sumario de la causa detalla, por ejemplo, un presupuesto de 240.000 euros para viajes y alojamiento de unas 100 personas, de los que 85.000 eran para los desplazamientos de los expertos internacionales, otro tanto para los hoteles donde dormían, y 80.000 para gastos de catering (cuatro comidas, tres cenas y seis 'coffee breaks', según informó el diario El País).
Otro ejemplo: El Gobierno balear pagó en 2007 445.000 euros al Instituto Nóos por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que nunca llegó a funcionar.
La Fiscalía indica que la única finalidad perseguida por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", con el fin de "rodearse del prestigio social derivado y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
Según detalla la Fiscalía, Nóos fijaba los precios por sus servicios y, tras recibir los fondos, simulaba la contratación de actividades ficticias con una serie de empresas mercantiles que formaban su entramado societario, facturando por importes superiores a los servicios realmente prestados, y emitiendo las facturas contra Nóos. De este modo, los fondos públicos acababan en manos de las empresas mercantiles controladas por Torres y Urdangarin.
En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management.
El documento judicial indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".
En algunos casos, y a pesar de que se trataba de fondos públicos, todo ese dinero ni siquiera estaba respaldado por documento alguno. Hay recibos falsos y nóminas de empleados que no tienen nada que ver con los convenios firmados.
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