El pasado miércoles terminaba el post que publiqué en este blog diciendo: Esperemos que a la juez Coro Cillán la dejen trabajar y no la presionen para que abandone el caso, que podamos saber la verdad y que los culpables se pudran en la cárcel.
Pues bien, cuando apenas han transcurrido unas horas nos enteramos que el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es la magistrada Coro Cillán, ha sufrido una inspección por sorpresa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, Esta actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces, cuando menos, llama la atención al no tratarse de una visita programa del servicio de inspección. Y todo ello “dentro de un contexto en el que la magistrada Cillán está empeñada en saber la verdad de lo que ocurrió en los atentados del 11-M”.
En este sentido, las citadas fuentes sostienen que “desde el CGPJ se quiere apartar a la magistrada de la investigación” de la matanza ocurrida en Madrid. Al parecer, desde la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Eduardo Esteban, discípulo de Mariano Fernández Bermejo y hombre muy próximo a los socialistas, se presentó un escrito ante el servicio de inspección del CGPJ para que indagara presuntas irregularidades en el juzgado de Cillán. “Esteban fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid en 2008 gracias a las presiones que el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo sobre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido”.
Y es que “la juez está tocando un tema muy sensible”, señala un miembro de la judicatura. En este punto explican que el CGPJ hace dos tipos de inspecciones. Una, programada, que suelen ser las rutinarias que se hacen en todos los juzgados y tribunales españoles, donde se examina el estado general del juzgado. Y otra, las que se hacen de un modo extraordinario y sin avisar. Es decir, “se presenta un magistrado inspector en el juzgado correspondiente y se centra en averiguar cómo se está tramitando un asunto concreto por si existe alguna irregularidad procesal o de cualquier otro tipo”. A continuación, en los próximos días, el servicio de inspección remitirá un informe detallado al CGPJ. Es más, “pudiera suceder que si se encuentra materia suficiente para ir contra la juez el asunto se pasaría a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano para que proceda lo que a Derecho corresponda”.
“Esta segunda opción es la que ha podido ocurrir teniendo en cuenta la intensidad y constancia en la investigación que la magistrada Cillán está demostrando en el 11-M”, apuntan fuentes jurídicas.
De hecho, hace unas semanas admitió a trámite una querella presentada por los abogados de Saed el Harrak, condenado a 12 años de prisión por colaboración con banda armada y por formar parte de la célula yihadista autora de la matanza, contra Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Tedax y contra la funcionaria perito química adscrita al laboratorio por destruir pruebas.
Según el escrito acusatorio, Sánchez Manzano y su compañera en los Tedax “destruyeron e hicieron desaparecer la mayor parte de la multitud de restos y vestigios” -vea los videos del post del pasado miércoles-. También se le acusa de no entregar el resultado de los análisis efectuados a los explosivos. En esta causa que investiga la juez Cillán están personadas la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entre otros.
Con todo, es cierto que la magistrada está indagando sobre un asunto muy sensible que no gusta a algunos, pues pueden salir a relucir conclusiones hasta ahora desconocidas o no juzgadas por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Entiendo que estos señores de la toga afines al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quieran tapar el “caso Campeón” que está implicado el ministro en funciones de Fomento, José Blanco, la corrupción de la Junta de Andalucía”, el “enriquecimiento dudoso” del expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, pero que impidan que se investigué el caso 11-M me demuestra que ellos temen que se sepa la verdad de la muerte de 191 personas inocentes y 1858 heridas, y si no es así. ¿Por qué no dejan que la magistrada Cillan siga investigando el caso con toda tranquilidad?.
3 comentaris:
Como bien dijo el alcalde Pacheco, "La Justicia en España, es un cachondeo".
Esto desgraciadamente no es un cachondeo como dijo el alcalde, esto es algo muy serio ya que se trata 191 muertes y 1858 personas heridas, y por lo que se esta viendo hay muchos culpables que están libertad cuando deberían de estar en la cárcel pudriéndose
Precisamente por esto la Justicia en España es un cachondeo, porque los culpables de aquellas muertes y de personas heridas, están todavía campando a sus anchas en lugar de estar en la cárcel. como les corresponde.
Publica un comentari a l'entrada