El Consejo de Ministros autorizó pasado viernes la firma del Convenio 201 del Consejo de Europa relativo a la protección a los niños contra la explotación y el abuso sexual, por el que el Gobierno se compromete a proteger a los niños frente a la explotación y el abuso sexual, así como la asistencia a las víctimas.
El Gobierno asegura que el convenio responde a la constatación de que la explotación y el abuso sexual de niños se cuentan entre las peores formas de violencia contra los niños. Según Unicef, aproximadamente dos millones los niños son empleados en la industria del sexo anualmente.
El Ejecutivo entiende que este acuerdo también responde a las dimensiones preocupantes, tanto a nivel nacional como internacional, que ha adquirido el fenómeno, especialmente por lo que respecta al uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los propios niños y por los infractores.
El convenio recoge como objetivos principales prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, y proteger los derechos de las víctimas. En el texto también se abordan las medidas preventivas, entre las que figuran la contratación, formación y sensibilización de las personas que trabajan en contacto con niños.
Asimismo, incide en la información que debe impartirse a los niños durante la educación primaria y secundaria sobre los riesgos de explotación y abuso sexual y los programas o medidas de intervención preventiva.
También estipula las medidas dedicadas al público en general y la participación de los niños, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas, programas u otras iniciativas públicas relacionadas con la lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños.
En este sentido, se señala que cada país promoverá la financiación, inclusive, en su caso, mediante la creación de fondos, de los proyectos y programas realizados por la sociedad civil con vistas a prevenir y proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual.
Asimismo, se recogen las disposiciones relativas al derecho penal sustantivo, haciendo referencia a la tipificación de determinadas conductas como delito, entre ellos los relativos a la prostitución infantil y pornografía infantil.
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