La Generalitat de Cataluña recibe más de 1.600 quejas y ocho demandas judiciales.
Más de 23.000 grandes dependientes, una tercera parte de los reconocidos como tal en Cataluña, aún están a la espera de recibir las ayudas que contempla la Ley de Dependencia, de la que ahora se cumple un año de su despliegue en toda España.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha hecho balance del primer año de aplicación de la normativa, que en Cataluña, al igual que en otras comunidades, ha estado marcado por los retrasos en la realización de las valoraciones, las resoluciones y el pago de las prestaciones.
A lo largo de estos últimos doce meses la Generalitat ha recibido un total de 72.738 solicitudes de valoración del grado de dependencia, de las que se han efectuado cerca de 46.700, 12.658 de las cuales cuentan ya con su Programa de Atención Individual (PAI), en el que se determinan las prestaciones y servicios a percibir.
El director del Programa para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencia (PRODEP), Jordi Tudela, ha explicado que unas 12.600 personas, aproximadamente las mismas que disponen de un PIA, estarán cobrando a finales de mayo las ayudas económicas que contempla la ley.
Ello significa que más de 23.000 grandes dependientes aún están a la espera de recibir las ayudas que les corresponden, según ha reconocido Tudela.
Hasta ahora, el setenta por ciento de los Programas Individuales de Atención se estaban realizando fuera del plazo previsto, que es de seis meses desde que se presenta la solicitud de valoración de dependencia hasta que se ofrece una resolución del PIA a los beneficiarios.
No obstante, la consejera Capdevila ha asegurado que el despliegue de la ley está funcionando ahora a buen ritmo, lo que permitirá que a partir de este verano se cumplan estrictamente los plazos que marca la normativa y se alcance la "plena normalidad".
A causa de estas demoras, la Generalitat ha recibido más de 1.600 quejas de ciudadanos, ocho de los cuales han decidido demandar judicialmente al gobierno catalán por el incumplimiento de los
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