"¡Chorizo, chorizo!", "¡culpable, culpable!"

El pasado miércoles el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps -foto- fue considerado “No culpable” por un tribunal popular al no poderse demostrar que había recibido unos trajes de personas implicadas en el caso Gürtel.

Esto no sentó nada bien a la cúpula del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre otros, cosa que se entiende perfectamente al ser Camps un gran adversario político. Pero lo que me parece bochornoso, es, que los vividores de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) hayan dado la nota una vez más.

Estos sindicalistas vividores que hasta ahora han vivido solo de las subvenciones que les ha dado el PSOE no se hayan movilizado nunca que por la mala gestión del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE, haya hoy en España 5.274.000 personas sin empleo.

La manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, FSES e Intersindical contra los ajustes de la Comunidad Valenciana derivo en una concentración frente a la casa particular del expresidente Francisco Camps, cuando éste ya había sido absuelto por el jurado popular en el denominado juicio de los trajes, gritando consignas "¡chorizo, chorizo!" y "¡culpable, culpable!"

Es indignante que estos vividores no sepan acatar un veredicto de un tribunal popular -que es el pueblo-, y en cambio si hayan acatado la injusticia más grande que se ha visto en España con la sentencia conocida una semana antes de un “juez” de Sevilla, al no unirse a las plataformas de rechazo que se han hecho en toda España por el caso Marta del Castillo.

Entiendo que alguien me pueda decir que este caso no tiene nada que ver con los sindicatos, es cierto, pero no olvidemos que tampoco lo era el caso Camps que lo acusaban de recibir unos trajes, y en cambio si se manifestaron para llamarle "¡culpable, culpable!" cuando ya había sido juzgado y absuelto.

El alcalde desobedece al Tribunal Superior de Justicia

El pasado 15 de noviembre publicaba en este blog el post “Sin dinero para sentencias“ en él comentaba que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) tenia que pagar por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una indemnización de 2.000.000 de euros a la propietaria de una farmacia, el Ayuntamiento respondió que lo tenia muy difícil poder hacer frente a este pago, ante esta situación el TSJC ordenó al Consistorio a finales de septiembre que consignara dicha cantidad en los presupuestos de 2012.

Un periódico local en su número 64, enero 2012 publica en portada: El alcalde Jaume Bosch -foto- desobedece al más alto Tribunal de Catalunya.

El pasado 21 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sala de lo contencioso-administrativo, dictó su sentencia 633/11 en la que ordenó al Ayuntamiento de Sant Boi que procediera a ejecutar provisionalmente una sentencia anterior que lo había condenado a indemnizar en algo más de dos millones de euros a una farmacéutica de la población a la que en el año 2005 le clausuró ilegalmente su farmacia (la situada en la Plaza del Ayuntamiento); la sentencia que condenó al ayuntamiento declaró que la clausura fue ilegal y la actuación municipal injusta e inoperante, ya que desde el año 1998, la farmacéutica afectada había venido solicitando al Ayuntamiento que cumpliera con sus obligaciones para rehabilitar el edificio. El Ayuntamiento entre 1998 y 2005 vino incumpliendo sus propios acuerdos.

El despacho de abogados que defiende a la farmacéutica, CONSULTA JURIDICA XP ADVOCATS, presentó el 9 de noviembre una instancia en la que recordó al alcalde su obligación de cumplir la sentencia del TSJC y, ante la inminente aprobación de los presupuestos municipales para el 2012, la necesidad de que se incluyese ese gasto en los presupuestos para 2012.

El pasado 19 de diciembre se celebró la sesión de Pleno Municipal para aprobar inicialmente los presupuestos de 2012. El alcalde presentó a los concejales un borrador de presupuestos para el 2012 que no incluía lo ordenado por el TSJC. En el debate de esa sesión, el portavoz del Partido Popular hizo mención a esta falta de consignación e indico que, no contemplar este gasto suponía una vulneración del Plan General de Contabilidad Pública, al que se han de atener todas las administraciones del estado. Sin tener en cuenta la observación del concejal portavoz del PP, los presupuestos para 2012 fueron aprobados inicialmente con los votos a favor del gobierno municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sin incluir ni esa ni ninguna otra modificación.

El 29 de diciembre, nuevamente la perjudicada se ha dirigido al alcalde pidiéndole el cumplimiento de la sentencia y que rectifique, incluyendo en el presupuesto del 2012 la cantidad ordenada por el TSJC. La sesión para aprobar definitivamente el presupuesto del 2012, se celebrará el próximo 30 de enero.

Es lamentable que por el caciquismo que habido en este Ayuntamiento los ciudadanos que desgraciadamente bastante mal lo estamos pasando tengamos que pagar estos 2.000.000 de euros.

Lo nunca visto en España

A mi edad nunca había visto lo que se esta viendo ahora en este país, ¿Quién se podía imaginar a estas alturas que personajes de la política y de la justicia española se iban a sentar en el banquillo de los acusados en muy pocos días de diferencia?

A mediados del pasado mes de diciembre empezó el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, Partido Popular (PP) acusado de un delito de cohecho impropio al recibir unos trajes de personas implicadas en el caso Gürtel.

El pasado martes empezó en el Tribunal Supremo el juicio contra el juez “estrella” Baltasar Garzón, por prevaricación por unas escuchas ilegales a unos abogados que estaban comunicándose con sus clientes en la cárcel implicados en el caso Gürtel.

Garzón el próximo martes volverá a sentarse en el banquillo por investigar los crimines del franquismo cuando él sabia de sobras que no estaba autorizado para ello.

El “todo poderoso” Garzón tiene otra causa por cohecho pendiente que le volverá a llevar ante el Tribunal Supremo el 15 de abril, El Supremo admitió la querella de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, que relacionan la percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella contra los directivos del Banco Santander, entre ellos, su presidente Emilio Botín.

Finalmente y de momento, Pepiño -como así le llaman sus amigos-, el exministro de Fomento en el Gobierno de José Luís Zapatero, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, el próximo jueves a las 10,30h comparecerá a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la operación ‘Campeón’, la trama fraudulenta de subvenciones públicas a empresarios gallegos. El alto tribunal le acusa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Comentaba anteriormente que nunca se había visto en este país una cosa parecida, esto demuestra una vez más que tipo de personajes tenemos metidos dentro de la política y justicia española, y lo más sorprendente es que a un juez se le juzgue dos veces en una semana de diferencia por dos casos diferentes de prevaricación, y uno se pregunta ¿Cómo un juez puede impartir Justicia si él es el primero que supuestamente no ha cumplido la Ley?

'Ley mordaza'

Dicen que más vale prevenir que curar, esto es lo que debe pensar el Gobierno de Zapatero para que si pierde las próximas elecciones generales no veamos las detenciones de algunos altos cargos de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que presuntamente hoy están metidos en unos escándalos que la Fiscalía trata de ocultar. Caso Faisán, Mercasevilla, los famosos EREs de Andalucía, el enriquecimiento de José Bono, y un largo etc. que poco a poco irán saliendo.

Quizás ahora temen sufrir en sus propias carnes las detenciones vergonzosas que sufrieron las personas del Partido Popular (PP) por el “caso Palma Arena”, que los llevaban esposados de la mano derecha con mano derecha para que los viéramos bien, los cuales abrieron durante varios días las portadas de todos los telediarios.

El Consejo de Ministros estudia la reforma del la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño -foto-. Además de traspasar la investigación de los jueces de investigación a los fiscales, contiene un punto que restringe la libertad de información sobre las investigaciones judiciales.

Con la excusa de terminar con la denominada "pena del telediario", el Gobierno quiere prohibir que se proporcione la imagen y la identidad de los detenidos durante el proceso de investigación. Además, quiere dotar al fiscal de la autoridad de autorizar o no que se proporcione el resto de la información del caso a los medios de comunicación.

Si la reforma se aplicara en estos momentos, los medios no podrían haber informado a los ciudadanos de que están siendo investigadas personas como los altos cargos policiales Víctor García Idalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesterios, todos ellos procesados por el caso Faisán. Tampoco podrían haberse hecho eco de la detención de altos cargos de la SGAE, como Teddy Bautista o José Rodríguez Neri ni de las detenciones de los presuntos implicados en la Trama Gürtel. Además, y al no haber sido puestos a disposición judicial, el fiscal hubiera tenido capacidad de decidir si se puede o no informar sobre las investigaciones a Francisco Camps por los trajes o a José Bono por el incremento de su patrimonio.

La 'mordaza' informativa sobre las investigaciones es sólo uno de los puntos que contempla la reforma que quiere sacar adelante el Gobierno de Zapatero, en el que puede ser uno de sus últimos cambios legislativos. Hay otros puntos destacados.

Tras un siglo de funcionamiento, desaparecerá la figura del imputado, que pasa a denominarse investigado, la figura del juez de instrucción.

Con el argumento de adoptar un modelo parecido al anglosajón, la dirección de la investigación pasará de estos togados a la Fiscalía. En España los fiscales no tienen la independencia que la ley otorga a los jueces, sino que deben obediencia a sus superiores. Su máxima autoridad es el Fiscal General del Estado. Se incorpora además la figura del juez de control y de otro de audiencia preliminar, que examinará la validez del material probatorio y decidirá si se debe formular acusación contra el investigado.

El investigado podrá entrevistarse con su abogado antes y después de declarar ante la Policía, se regula su derecho a intérprete y a conocer todos los cargos y el expediente íntegro de la causa abierta contra él.

Se restringe el uso de la prisión incomunicada. Sólo se decretará para determinados delitos, como el homicidio, la detención ilegal o secuestro, o en los casos en los que exista riesgo de ocultación o destrucción de pruebas fundamentales para la investigación.

Viviendo del Estado, o sea, de los ciudadanos

Aqui hay una familia que nunca ha conocido crisis económica ni nunca la conocerá: la formada por Cándido Conde-Pumpido (Fiscal general del Estado) y su esposa Clara Martínez de Careaga. ¡Los dos viviendo del Estado, o sea, de los ciudadanos!

Clara Martínez, con una brillante hoja de servicio en las Fuerzas Armadas, por fin podrá desempeñar con toda tranquilidad su puesto de magistrada en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, dedicada a lo militar. Una sala con muchíííííísimo trabajo, dado el tamaño de las Fuerzas Armadas españolas y el amplísimo fuero militar.

Según publica el diario La Ley, la pobre Clara Martínez de Careaga se enfrentó a la impugnación de su nombramiento y el otros dos magistrados por una compañera, María Asunción Salvo, presidenta suspendida de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, que no estaba de acuerdo con las razones que adujo el Consejo General del Poder Judicial en 2009 para nombrar a estos candidatos de entre los que optaban al cargo.

Dos sueldazos para superar la crisis, dos coches oficiales y dos megapensiones. ¡Y sin incompatibilidades entre funcionarios! ¿Veis cómo estamos saliendo de la crisis como dice Always Marruecos? Hala, ya podéis iros contentos al botellón y al revolcón del fin de semana, jóvenes y jóvenas (como dice la Pajin). Aprended cómo se triunfa en esa vida con trabajo duro y con un carné de un partido político.

La Justicia española de manos de su Fiscal General Conde-Pumpido se ha convertido salvo raras excepciones, en la verdadera defensora de los gatuperios que viene cometiendo el Gobierno de Zapatero. El chivatazo a ETA, el posible enriquecimiento del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez, el caso Matsa que le afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves González, la invulcración al parecer de su sobrina en el caso Malaya, y tantas cosas más se están dejando pasar por alto ya que ni tan siquiera se llevan a cabo las investigaciones pertinentes referidas a todos estos casos afectados de un posible delito de corrupción y, lamentablemente así nos va.

Las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Gobierno la revisión "urgente" de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellas que adquieren una discapacidad por esta causa, "que son muy inferiores en cuantía a las existentes en los países europeos".

Según asegura el Cermi, estas indemnizaciones no se revisan desde 1995, "limitándose el Estado a actualizarlas con arreglo a la inflación", lo que significa que estas compensaciones no alcanzan a reparar los efectos económicos de todo tipo que el accidente representa para las víctimas y sus familias.

"La insuficiencia del baremo actual de indemnizaciones por accidentes ha sido señalada incluso por la Fiscalía de Seguridad Vial, por lo que existe una gran coincidencia en plantear una completa revisión de estas tablas, para que se acerquen a las necesidades actuales de las víctimas", prosigue el citado comité.

Llegado el momento de la revisión del baremo, el Cermi exige también estar presente como plataforma representativa de las personas con discapacidad y sus familias, junto con las demás instancias con interés directo en esta materia, "para que la voz de la discapacidad sea escuchada y tenida en cuenta".

Y es que, argumenta la plataforma, "el nuevo cuadro indemnizatorio no sólo ha de ser digno y suficiente, sino que ha de ir orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal".

El 13-D ha puesto en peligro al Estatuto

La percepción que fuera de Cataluña se tiene de la jornada de consultas del 13-D es que ha sido un fracaso, y este hecho ha supuesto un alivio para muchas instituciones españolas, entre ellas, para el Tribunal Constitucional (TC).

La convocatoria simultánea en 166 municipios de Cataluña de consultas sobre la independencia, fue recibida en esas instituciones, y también en los ambientes relacionados con el TC como una advertencia.

Los magistrados partidarios de aplicar al Estatuto catalán un recorte de importancia, tenían miedo de que una demostración de fuerza independentista en Cataluña reforzara las presiones que están recibiendo para evitar una sentencia contraria al texto recurrido.

En Madrid esperaban el 13-D con la respiración contenida. Pero los resultados finales, sobre todo el dato de la participación, supusieron la vuelta a la tranquilidad: el independentismo no era tan fuerte como parecía.

Además, las reservas que pudieran existir en los ambientes políticos y judiciales madrileños desaparecieron cuando comprobaron que los propios dirigentes que habían promovido las consultas entraban al día siguiente en una dinámica de enfrentamientos y divisiones.

Los magistrados del Constitucional contrarios al Estatuto han visto de esta manera el campo despejado para intentar imponer sus tesis y dar el golpe definitivo al texto del Estatuto. Y este impulso de los sectores más conservadores del Tribunal está favorecido por el hecho de que ha desaparecido el argumento del miedo.

Ahora, ni esos sectores tienen miedo a la eventual reacción en Cataluña contra una desnaturalización del Estatuto, ni el miedo a esa eventual reacción sirve como argumento de presión sobre los magistrados conservadores. El 13-D ha abierto, aún más, la puerta, al recorte del Estatuto.

El sainete del pirata

Si no fuera por la tragedia que supone el secuestro de 36 personas con grave riesgo para sus vidas, la larga serie de despropósitos en torno al joven pirata apresado en Somalia podría calificarse de auténtico sainete.

Estamos ante un espectáculo impropio de una sociedad madura que debería de hacer frente a este tipo de situaciones con sentido de la responsabilidad y eficacia institucional.

Por mucho que la Fiscalía pretenda acreditar con informes de todo tipo que el imputado es mayor de edad, parece que no hay manera de convencer al juez Santiago Pedraz, que ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Menores.

Por lo visto, éste tampoco sabe qué hacer, todo ello en medio de una estrambótica discusión jurídica que se ahoga en lagunas legales y en elucubraciones sobre qué instancia judicial es competente para decidir sobre la situación personal y procesal del pirata.

El Gobierno Zapatero es el primer interesado en demostrar esta discutida mayoría de edad para evitar cualquier sombra de irregularidad en el proceso, y ello explica que la Fiscalía esté empleándose a fondo aunque con escaso resultado.

De hecho, ha estado a punto de producirse en algún momento el espectáculo lamentable de un pirata de paseo por las calles de Madrid mientras los marineros del «Alakrana» padecen un cautiverio intolerable.

La angustia de los familiares resulta comprensible, lo mismo que la inquietud en el sector afectado, cuya reivindicación acerca de la seguridad de los buques que faenan en aquella zona peligrosa tenía que haber sido atendida hace tiempo

Despenalizar la eutanasia

El Congreso de los Diputados decidirá hoy si tramita un proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario formado por ERC-IU-ICV para despenalizar la eutanasia y garantizar que los ciudadanos puedan acogerse a una "muerte digna y sin dolor".

El texto establece que "quedará exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".

Así, este grupo considera que "la vida es un derecho, no un deber" y destaca que una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "ha sacado a relucir que el 65% de los médicos y el 85% de las enfermeras ha afirmado que alguna vez ha recibido la petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa".

La misma encuesta, señala el grupo en su exposición de motivos, muestra que "el 21% de los médicos reconoce que, a pesar de su ilegalidad, en España se practica la eutanasia". Así, ERC-IU-ICV presentan esta iniciativa porque la eutanasia "es una práctica actual en la sociedad cuya clandestinidad implica riesgos" y porque la apoya "un sector mayoritario elevado de la sociedad".

Sin embargo, agrega el texto, "la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventual necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden garantizar la plena libertad de la voluntad".