La Guardia Civil pide un Director con carrera

Tradicionalmente la Guardia civil tenía como Director General a un prestigioso militar de carrera, hasta que siendo Felipe González presidente del Gobierno acabó con esa tradición imponiendo al que sin duda ha sido el Director más corrupto de la institución: Luís Roldán. Ahora, la Asociación Pro Guardia Civil (PROGC) ha enviado una carta al nuevo Ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, en la que aparte de felicitarle por su nuevo cargo le expone algunas de las reivindicaciones de la asociación, una de ellas defiende el nombramiento de un guardia civil de carrera como Director General, salvaguardando así el carácter militar del Instituto Armado. Una muestra de que no todo el mundo opina ni quiere la desmilitarización que defienden asociaciones Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales Guardia Civil (UO).

La nota dice textualmente:

Debe saber nuestro nuevo ministro que Aprogc defiende decididamente la necesaria armonización de la evolución de la Guardia Civil con la preservación de su acreditada eficacia, prestigio, naturaleza militar, principios morales y los valores tradicionales que han acompañado a la Guardia Civil durante los 167 años de su historia, y por eso es hoy la institución policial española más valorada.

Desde Aprogc le afirmamos nuestra leal colaboración para que la Guardia Civil siga manteniendo los valores expuestos, y modernizándose para cumplir con su deber con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y deberes con libertad, garantizando la seguridad ciudadana, con las altas cotas de eficiencia que lo ha venido haciendo a lo largo de su historia. Esta leal colaboración no estará exenta de las reclamaciones que estimemos adecuadas para la satisfacción de los intereses sociales, económicos y profesionales de los guardias civiles.

Es nuestro deber y responsabilidad citar al nuevo Ministro del Interior los cinco grandes asuntos que debería tener en cuenta desde sus primeras decisiones:

Reafirmación de la importancia capital de la Guardia Civil para el Estado de Derecho como Institución policial más valorada por la sociedad.

Desaparición de la Dirección General Conjunta Policía y Guardia Civil, ejerciendo aquellas funciones la Secretaría de Estado de Seguridad.

Nombramiento de un Director General de la Guardia Civil profesional, un guardia civil, con el empleo militar correspondiente como ocurre en otros cuerpos policiales europeos similares al nuestro.

Reconocimiento de nuestra labor policial, con la exigencia de unas retribuciones justas y comparativamente equitativas con otros cuerpos policiales nacionales, autonómicos y locales.

Optimizar el despliegue territorial de la Guardia Civil, analizando los factores demográficos, delincuenciales y de organización del Cuerpo para dotar a todos los puestos de la necesaria eficacia y operatividad.

Otro sinfín de asuntos menores, pero de enorme trascendencia para los guardias civiles, esperan para posteriores intercambios con la persona que asuma directamente la dirección del Cuerpo que, insistimos, esperamos sea un profesional de la Guardia Civil.

Cuerpo que, insistimos, esperamos que sea un profesional de la Guardia Civil.

Asosciación Pro Guardia Civil.

¡Basta! La Guardia Civil esta harta de Bildu

Agentes de la Guardia Civil se manifestarán a finales de mes ante el Parlamento vasco para protestar por el desamparo institucional que sufren ante los ataques de Bildu y de las instituciones gobernadas por la coalición filoetarra.

Según publica el portal 'Euskadi, Información Global', ante los ataques que está sufriendo la Guardia Civil por parte de Bildu y desde las instituciones gobernadas por esta coalición filoetarra, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo policial, ha convocado a los agentes a concentrarse en el País Vasco, en una acción que se pretende realizar frente a la sede del Parlamento autónomo en Vitoria.

La protesta tendría lugar uno de los primeros sábados de ese mes, aunque la fecha concreta se fijará en las próximas semanas. La AUGC señala que Bildu y sus representantes municipales están ejerciendo una "durísima presión" sobre la Guardia Civil, exigiendo que las fuerzas de seguridad salgan del País Vasco y clamando por la retirada de los agentes. Así sucedió hace unas semanas en la localidad guipuzcoana de Oñate, donde la corporación municipal, en manos de Bildu, encabezó una manifestación para reclamar la salida del Instituto Armado del territorio vasco.

Para numerosos miembros de la Guardia Civil, este acoso que afecta a los agentes y a sus familias no se está teniendo en cuenta desde la Administración, y las autoridades están respondiendo al mismo con "dejadez institucional". En este sentido, y paralelamente, esta protesta en el País Vasco pretende hacer frente a lo que la AUGC considera como una clara persecución por parte del Gobierno socialista, que tiene expedientados a varios agentes por hacer declaraciones públicas o por promover protestas para denunciar la actual situación de abandono de la Benemérita. Además, estos miembros de la Guardia Civil acusan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de haberse inhibido a la hora de aprobar una Ley de Personal para el cuerpo y de haberse negado a mejorar la jornada laboral de los guardias.

Todos conocemos la labor de la Guardia Civil, sobre todo en el País Vasco donde se juegan la vida permanentemente, pero también sabemos que para el Gobierno de Zapatero primero son los etarras antes que sus victimas y los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional.

"Canallada parlamentaria"

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil AUGC, Unión de Oficiales, UGC y ASGC han emitido este viernes una nota de prensa conjunta en la que tachan de inadmisible la enmienda presentada por el Partido Popular (PP) en el Senado proponiendo reforzar la prohibición de manifestarse para los miembros del Instituto Armado.

"Las asociaciones de guardias civiles rechazan radicalmente el intento de PP de hurtar el derecho de manifestación de los guardias civiles en el debate de la ley de derechos y deberes de los militares de las Fuerzas Armadas", denuncia esta nota que considera una "argucia" el hecho de que los 'populares' tratan de "utilizar el debate de la actual Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas para modificar dicha conquista democrática e impedir dicho ejercicio".

Advierten al PP de que, "esta actitud augura un clima de confrontación interna y descontento en la Guardia Civil puesto que los guardias civiles no van a tolerar que retrocedan derechos fundamentales como son el derecho de manifestación y de expresión".

"No lo vamos a tolerar y denunciamos esta utilización vil y canalla de la consideración de militares que tenemos los guardias civiles según la legislación vigente para intentar cercenarnos un derecho conquistado en la calle y en los tribunales", añade el comunicado a través del cual, las asociaciones anuncian además que ya se han dirigido de forma urgente al resto de grupos parlamentarios para denunciar esta maniobra y pedirles que sea desestimada en trámite parlamentario.

La Guardia Civil desde hace unos años está muy indignada por el trato que están recibiendo por parte del ministerio del Interior ya están hartos de ello.

El Gobierno niega subvenciones a la Guardia Civil

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) criticó ayer que el Ministerio del Interior niegue a las asociaciones profesionales de la Benemérita unas ayudas que el Gobierno central sí concede al sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), afín a Batasuna, y a la llamada izquierda abertzale.

Según la UO, no se entiende que las asociaciones de guardias civiles no cuenten con una financiación que sí que tiene un "sindicato radical" como LAB, "dirigido hasta hace poco por Díez Usubiaga, detenido por intentar reorganizar la ilegalizada Batasuna, con vinculaciones más que evidentes con un entorno abertzale que ampara y justifica tácita y moralmente la violencia terrorista, merece más consideración por parte del estado que la propia Guardia Civil".

Este colectivo de oficiales del Instituto Armado destacó que este "maltrato" del Gobierno a la Guardia Civil se ha plasmado en el hecho de que "LAB recibe más de 200.000 euros de subvención mientras las asociaciones de guardias civiles siguen sin recibir nada".

En este sentido, la UO señaló que el PSOE se ha opuesto en el Congreso a una enmienda del PP a los presupuestos del Estado, por la que se pedían ayudas para las asociaciones de guardias civiles.

En esta línea, esta asociación de la Benemérita concluyó que no es lógico que ellos no reciban financiación pública, cuando ésta sí llega a colectivos de jueces, de la Policía nacional y de otros funcionarios del Estado.

Es muy lamentable y vergonzoso a la vez que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, niegue unas subvenciones a la Benemérita que se dedica a esto, y sin embrago si las dé a LAB que son afines a otros que se dedican a esto.

"Los guardias civiles, los olvidados"

Las dos principales asociaciones de guardias civiles (AUGC y UO) anunciaron que van a empezar a recoger 50.000 firmas para que el Congreso debata la aprobación de una nueva Ley de Personal de la Benemérita.

La AUGC y UO explicaron que movilizarán a sus 31.000 afiliados para recoger las firmas necesarias para que se debata en la Cámara Baja la iniciativa legislativa popular que presentaron en diciembre, que plantea una nueva Ley de Personal para el Instituto Armado.

Estas dos asociaciones de guardias civiles explicaron que han dado este paso debido a que la Ley de Personal no ha sido planteada por el Ministerio del Interior, a pesar de que este departamento se lo prometió a los miembros de la Benemérita.

La AUGC y UO calificaron la actitud de Interior de "vergonzosa inactividad", puesto que desde el año 2007 está obligado a reformar la Ley de Personal de la Guardia Civil, a pesar de lo cual "mantiene la reforma en un cajón, causando con ello un notable perjuicio a los miembros del cuerpo".

Según estas asociaciones, "los guardias civiles volvemos a ser los olvidados", puesto que las Fuerzas Armadas actualizaron su Ley de Personal (Ley de Carrera Militar) en el año 2007 y el Consejo de Ministros aprobó recientemente el proyecto de Ley de Personal del Cuerpo Nacional de Policía.

La mesa del Congreso de los Diputados ha notificado la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular, ejercida por los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), por la que se les permite "recorrer" las calles para recoger firmas contra lo que califica la "vergonzosa inactividad" del Gobierno a la hora de llevar a cabo su reforma laboral.

El “Faisán” levanta el vuelo

El “caso Faisán” es el apelativo con que se denomina a una investigación judicial llevada a cabo en España por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una red de extorsión de ETA, cuyo cuartel general estaba ubicado presuntamente en el bar Faisán de Irún, propiedad de Joseba Elosua, desde donde se le reclamaba a los empresarios vascos a pagar el impuesto revolucionario. El procedimiento empezó con el procesamiento de 24 personas, relacionadas en el envío de cartas de extorsión de ETA, destinadas a la gestión de cobros del citado impuesto en los periodos comprendidos entre marzo de 2005 y febrero de 2006.

El caso alcanzó gran notoriedad pública, debido a un “chivatazo” que miembros del Cuerpo Nacional de Policía dieron a Joseba Elosua, presunto miembro de la red de extorsión de ETA, el 4 de mayo de 2006, para que no cruzaran la frontera a Francia para que no fueran detenidos estos asesinos que llevan casi 1000 muertos a sus espaldas (entre ellos decenas de policías nacionales y guardias civiles).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Garzón que archivase la investigación abierta sobre el chivatazo, el 5 de octubre de 2009, ya que según la misma después de más de tres años de investigación no existían pruebas fehacientes que demostrasen de manera inexorable la hipótesis de que García Hidalgo, por entonces Director de la Policía, estuviese detrás del chivatazo o filtración.

Ante tanta iniquidad, el Partido Popular (PP) anuncio que se iba a constituir en acusación particular. La Asociación Dignidad y Justicia hizo lo propio, exigiéndole al juez Garzón que fuera la Guardia Civil quien asumiera toda la investigación, alegando que existían dos cortes de video de la entrada del bar Faisán, relacionado con el momento clave del presunto soplo de la operación.

Desde el 14 de octubre de 2009, el diputado del PP, Ignacio Gil Lázaro, en cada sesión parlamentaria le está pidiendo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique a la cámara de los diputados quien dio el chivatazo, a lo que el ministro nunca ha querido contestar.

Ahora afortunadamente el caso Faisán está en manos del juez Pablo Ruz, el pasado lunes consideró que existen indicios para declarar que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo a ETA por parte presuntamente de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Y que este soplo supone (según dijo el magistrado) un delito de revelación de secretos y otro de colaboración con banda armada.

Esperemos que el juez Ruz pueda llevar el caso hasta el final y, pueda desenmascarar y meter a la cárcel al traidor o traidores si los hubo, por respeto a las victimas del terrorismo, a las Fuerzas y Cuerpos del Estado y, de todos los españoles.

AUME también está enfadada con Zapatero

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), dijo en La Palestra de la Cadena COPE que ya estamos acostumbrados al “rito” de abuchear al presidente del Gobierno durante el desfile del Día de la Hispanidad, aunque constató que este año ha sido "mucho más intenso" el abucheo a Zapatero (vea este enlace http://www.youtube.com/watch?v=QXausWd0uy0). Para Bravo el problema es que "los militares y sus familiares tienen muchos más motivos para estar enfadados".

Bravo aseguró que los militares después de salir la Ley de la Carrera Militar, que "tantos problemas nos ha creado", "teníamos esperanzas en que este proyecto de Ley de Derechos y Deberes" solucionase algunos de esos problemas, pero según el presidente de AUME, al final "ese proyecto ha resultado ser restrictivo". A consecuencia de esto, Bravo señaló que "los militares están cabreados" y sus familias así lo han reflejado. "Hoy seguro que muchos de esos gritos de Zapatero dimisión eran provenientes de esas familias", añadio.

Jorge Bravo ha recordado que el próximo día 16 de octubre de 2010 los militares están convocados en la calle Pedro Teixeira (junto al Ministerio de Defensa) a las 12:00 horas a participar en la concentración “Por una Carrera Digna, por unos Derechos Plenos”.

Guardias civiles y policías acusan a su director

Guardias civiles y policías nacionales acusaron ayer al responsable de las Fuerzas de Seguridad, Francisco Javier Velázquez, de haberse puesto del lado del embajador de Venezuela, Isaías Rodríguez, en la polémica sobre si se presionó a los etarras que aseguran que estuvieron entrenando en 2008 en territorio venezolano.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UP) y la Confederación Española de Policía (CEP) valoraban así lo dicho este jueves por Velázquez en la Comisión de Interior del Congreso.

En este sentido, el responsable de las Fuerzas de Seguridad aseguró que "no fueron interpretadas exactamente" las palabras del embajador de Venezuela, quien cuestionó que los etarras detenidos la semana pasada en Guipúzcoa hubieran confesado voluntariamente a la Benemérita que se entrenaron en territorio venezolano.

A este respecto, Francisco García, presidente de la UO, dijo a Servimedia que la intervención de Velázquez en el Congreso fue algo "vergonzoso".

García aseguró que entre los guardias civiles están "indignados", puesto que su director general no sólo no les ha defendido, sino que ha salido "en defensa" del embajador de Venezuela.

Por su parte, Lorenzo Nebreda, portavoz de la CEP, señaló que en la Policía Nacional están acostumbrados a que cuando las Fuerzas de Seguridad sufren alguna "agresión física o verbal", lo que hace Velázquez es ponerse "de perfil o, incluso, en contra de los agentes".

Nebreda señaló que esto ha sucedido con los incidentes en la frontera de Melilla de este verano, o cuando el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acusó a la Policía Nacional de no investigar adecuadamente a los posibles partidos herederos de Batasuna.

Este portavoz criticó la reacción que desde el Ministerio del Interior se ha tenido a las declaraciones del embajador de Venezuela, ya que lo que tenían que haber hecho "es pagarle el billete para que volara de camino a su país".

La Guardia Civil se manifestará en la calle

Será histórico: miles de guardias civiles se manifestarán el próximo sábado frente a la Dirección General de la Guardia Civil, en el centro de Madrid. Después del enorme varapalo de la Justicia al Ministerio del Interior, anulando la prohibición de la Subdelegación del Gobierno, las asociaciones convocantes, AUGC y UO, han decidido recobrar el itinerario inicial de la manifestación y han vuelto a convocar frente a la Dirección General.

AUGC y UO, crecidos en su victoria jurídica, afirman que "ahora más que nunca es necesaria la máxima participación en la misma. Hemos ganado una batalla: nuestro derecho a manifestarnos, y no habrá un momento más oportuno para ponerlo en práctica".

Los convocantes piden "paciencia y comprensión, en cuanto a la puesta en marcha del evento, pues hemos tenido que articular hasta tres actos de naturaleza diferente, en los que asistirían miles de guardias civiles, por causa de las múltiples trabas que se nos está poniendo por parte de la Administración. De tal manera que deberemos ir resolviendo sobre la marcha, las dificultades que vayan surgiendo".

No obstante, adelantan que dada la rapidez de los acontecimientos, "queda suspendido nuestro desplazamiento a Rivas Vaciamadrid, pues todo se desarrollará enfrente de la Dirección General. No hay por tanto, comida organizada".

Y señalan que "ahora es el momento de estar todos a una y actuar con rapidez. Os pedimos a los representantes asociativos que estéis muy atentos a las consignas que os iremos participando, para que todo salga bien. Para no arriesgarnos innecesariamente, en cuanto a expedientes y/o provocaciones, solicitamos de todos los afiliados que demos un ejemplo de comportamiento cívico durante el desarrollo tanto de la manifestación como del acto de cierre".

AUGC y UO han lanzado un mensaje de aliento: "Ánimo y adelante. Compañeros y compañeras, lo vamos a conseguir".

Rubalcaba tiene amargada a la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) estudian concentrarse el próximo sábado en una plaza de toros, algo que harían si los jueces no les dan la razón y autorizan la manifestación que prohibió el Ministerio del Interior.

Fuentes de estas asociaciones convocantes explicaron en Servimedia que están barajando varias opciones en el caso de que este martes no se acepten sus argumentos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El TSJM analiza este martes los recursos que AUGC y UO presentaron contra la decisión oficial de prohibir la manifestación que estaba convocada para este sábado. En esta marcha, estas asociaciones de la Benemérita pretendían pedir mejoras laborales y profesionales para los agentes (vea en este enlace http://www.youtube.com/watch?v=kdMg4lVC3sg las vergonzosas condiciones que trabaja la Guardia Civil para garantizar nuestra seguridad).

El que se fueran a plantear estas demandas llevó a la Delegación del Gobierno en Madrid a prohibir la convocatoria, al argumentar que la ley establece que los guardias civiles no pueden hacer reivindicaciones sindicales.

Al mismo tiempo, la Delegación del Gobierno también prohibió una concentración alternativa que una plataforma ciudadana había convocado, también para este sábado, en apoyo de la Guardia Civil. El argumento oficial, en este caso, fue que la comunicación de la convocatoria se había realizado fuera de plazo.

Esta situación ha llevado a AUGC y a UO a plantearse alternativas para poder llevar a cabo su protesta este sábado. En este sentido, los convocantes estudian concentrarse en un recinto cerrado, como puede ser una plaza de toros o un campo de fútbol, al entender que en este caso no haría falta comunicación a la autoridad gubernativa.

Estas asociaciones de la Guardia Civil entienden que una concentración en un recinto cerrado no requiere de permiso, ya que se trataría de un acto privado. Alquilarían para ello algún tipo de instalación, como si se tratase de un acto privado.

Defensa recurre a una normativa de Franco

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado que el Ministerio de Defensa recurre a normas dictadas por Francisco Franco en 1962 para impedir que lleguen al presidente del Gobierno "miles" de cartas de los militares contra la reducción de las retribuciones.

Esta asociación informa de que está recibiendo de sus afiliados resoluciones de Defensa que inadmiten un escrito de ejercicio del derecho de petición, formulado por miles de militares, en los que éstos expresan al presidente del Gobierno su oposición a la medidas de reducción de retribuciones, el denominado "pensionazo" o "tijeretazo".

En dichas misivas se propone, como medida compensatoria, la reducción de "horas de trabajo que esta parte realiza en general y en particular la de aquellas que realizan sin compensación económica alguna, con carácter de guardias y servicios".

Según la AUME, para impedir que estos miles de escritos lleguen a La Moncloa el Ministerio de Defensa "no ha dudado en acudir a una norma dictada por Francisco Franco" y "efectivamente las resoluciones de Defensa se apoyan en el Decreto 93/62, de 18 de enero, por el que se regula el ejercicio del derecho de petición por los miembros de las Fuerzas e Institutos Armadas, publicado en el BOE, número 29 del 2 de febrero de 1962 y firmado por Franco.

La asociación añade que se acude a la citada norma como pretexto para que sean los órganos del Ministerio de Defensa los que lleven a cabo el efecto de servir de muro administrativo, de tal manera que no sea el presidente del Gobierno quien responda a los escritos.

AUME avanza que está estudiando interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para "salvaguardar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos de uniforme, tratados, una vez más, como ciudadanos de segunda, por el Ministerio de Defensa".

Las presiones que sufre la Guardia Civil de Tráfico

En Cataluña las competencias de Tráfico le corresponden al Cos de Mossos d’Esquadra (policía autonómica), por lo que los catalanes no tenemos nada que ver con la Guardia Civil de Tráfico, pero me indigna que el ministro del Interior, Alfredo Peréz Rubalcaba, desde hace unos meses con el afán de recaudar no deje de machacar a los agentes de un cuerpo tan respetado como éste.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de amenazar a los agentes con bajadas de sueldo si no imponen multas Según afirma AUGC en un comunicado, Interior "está solicitando el número de denuncias formuladas al mismo tiempo que pide el nombre de los guardias civiles que menos multas han puesto". Aseguran también tener "conocimiento de guardias civiles que han sido propuestos para perder cerca de 250 euros mensuales" por "bajo rendimiento".

Junto a las advertencias que amenazan con bajar el sueldo, la asociación dice que "se intimida a mandos intermedios" ya que, si los guardias a su mando no denuncian, pueden perder los complementos retributivos de productividad. A su juicio, todo esto está sometiendo a tensión y a presiones a los agentes.

AUGC también ha puesto en manifiesto que la situación que "sufren" los Agentes de tráfico se está trasladando a las Unidades de Seguridad Ciudadana, "en un intento de intimidar a los guardias civiles para que incrementen su labor denunciadora". Asimismo, ha recriminado que Interior se sirva del carácter militar del cuerpo para "amenazar la frágil economía de las familias de los guardias civiles".

La polémica arrancó por la conocida como "huelga de bolis caídos" (lea en este blog el articulo que publique el pasado 23 de julio), por la que los guardias civiles han reducido el número de multas como medida para mostrar su desacuerdo con los recortes salariales del 5% en los últimos ajustes del Gobierno, a la vez que para denunciar que el Ejecutivo anteponga la función de recaudar a la del servicio ciudadano.

Este colectivo de la Guardia Civil sostiene igualmente que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, impone "la labor coercitiva de la Guardia Civil para aportar unos euros a las famélicas arcas del Estado". "Lo que al Sr. Rubalcaba le importa es la multa", añade.

AUGC ha ratificado su preocupación por la situación de tensión que se vive en algunas unidades y asegura que la Benemérita "vive los momentos más críticos de la democracia". "Los guardias civiles se sienten utilizados y maltratados por un Gobierno que está faltando al respeto", asegura el comunicado. La nota termina pidiendo "ayuda" a la sociedad civil: "Ya no podemos más", concluyen.

Es lamentable que la Guardia Civil se vea en esta situación por culpa de unos señores que solo saber derrochar nuestros impuestos, y luego tengan que recurrir a esto.

La dura 'vuelta al cole' del Gobierno

El Gobierno se encontrará a la vuelta de vacaciones con una huelga general prevista para el próximo 29 de septiembre, una "multitudinaria" concentración de guardias civiles a mediados del mismo mes y otra "gran manifestación" de militares el 16 de octubre.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calentará motores con una manifestación convocada para el sábado 18 de septiembre en las calles de Madrid provocada por el "malestar" y el "grave conflicto interno" que se respira en el Instituto Armado como consecuencia del escaso desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes y del "agravio" permanente que sufren los guardias civiles respecto al resto de Cuerpos policiales, según precisa la citada asociación.

Desde la "histórica" concentración que reunió a miles de guardias civiles vestidos de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid en 2007, la AUGC denuncia que "nada ha cambiado", por lo que destaca que "sigue siendo la hora del cambio" en el avance de los "derechos básicos" en las condiciones laborales de los agentes, entre ellos la equiparación de su jornada de trabajo a la de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Pocos días después, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentará a su primera huelga general por una reforma laboral que los trabajadores consideran lesiva. Ese mismo 29 de septiembre se repetirán protestas en toda Europa contra los recortes sociales aplicados por los gobiernos del continente.

El calendario de movilizaciones arrancó el pasado 30 de junio con la huelga que realizaron los funcionarios de la Administración contra la rebaja salarial del 5 por ciento decretada por el Ejecutivo, desde el cual se destacó la "normalidad" de la jornada.

Por último, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha llamado a los "ciudadanos de uniforme" a participar en una "gran concentración" el próximo 16 de octubre en las calles de la capital para protestar contra la Ley de Carrera Militar y exigir la retirada de la Ley de Derecho y Deberes.

Los militares saldrán a la calle para reclamar "la solución" de la "problemática" generada por la Ley de Carrera Militar y exponer que el actual proyecto de ley de Derechos y Deberes es, en el fondo, "una ley de restricciones". Por ello, ha llamado a los "ciudadanos de uniforme y a sus familias" a mostrar su "indignación" y a unirse al acto en defensa de su "dignidad".

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) mantienen un "contacto permanente" con CCOO, UGT y CSIF y han expresado su apoyo a las manifestaciones de trabajadores, guardias civiles y militares.

La Guardia Civil no cederá ante el "chantaje"

El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), José Antonio Agudo, recalcó que los agentes "no van a ceder" ante el "chantaje" impuesto por el Ministerio del Interior para medir su rendimiento en carretera y ha advertido de que el sistema de puntos "rompe la confianza" del ciudadano en el Instituto Armado y "daña la imagen" de toda la Guardia Civil.

El representante de AUGC criticó en COPE el nuevo barómetro en donde "la prevención queda en segundo plano y se potencia la denuncia". "Los guardias civiles no van a ceder a este chantaje y van a seguir aplicando con objetividad la Ley", ha añadió.

El sistema pretende medir el rendimiento de los agentes en carretera, según el cual se dará un punto por auxilio en carretera, dos a la intervención de accidentes y cuatro a las denuncias de transportes.

En el último mes el número de multas ha descendido a nivel nacional, según Agudo, como reflejo de "este sistema de desmotivación" provocada por la "injusticia" que, a su juicio, se ha aplicado tradicionalmente a la Guardia Civil. Por todo ello, ha reclamado una rectificación del Ministerio del Interior sobre este asunto.

El ministro Rubalcaba cada día me sorprende más y más, ahora resulta que quiere incentivar el rendimiento del servicio de los agentes de la Guardia Civil en carretera, dándoles una puntuación en la que se ve claramente que lo que pretende es recaudar más dinero, tal vez sea para paliar el déficit que han provocado los derroches y la mala gestión de este Gobierno.

Huelga de 'bolis caídos'

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pusieron el mes pasado 120.000 multas menos que en junio del 2009, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ha achacado este descenso a la huelga encubierta de 'bolis caídos' iniciada por algunos agentes para protestar por el recorte del Gobierno al sueldo de los funcionarios.

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), "el ministerio de Interior es el único responsable de la extensión y profundidad que está alcanzando" la protesta de algunos agentes, ya que no ha atendido al "clima de frustración y desmotivación que está provocando en el colectivo de guardias civiles la cerrazón de sus mandos y responsables políticos a avanzar en la mejora de las condiciones laborales del colectivo mediante una jornada laboral digna y homologada al resto de cuerpos policiales".

La AUGC afirma en un comunicado que el "termómetro anímico del colectivo de guardias civiles se puede medir" por la denominada huelga de 'bolis caídos' que, a su juicio, "no es otra cosa que el resultado de la desmotivación y sensación de olvido institucional de unos funcionarios que son considerados como tales cuando vienen mal dadas, pero a los que no se les aplica la misma vara de medir cuando de sus condiciones laborales se trata".

Así, la asociación afirma que "la moral está por los suelos". "Nos sentimos abandonados y ninguneados por nuestros mandos y responsables políticos", ha subrayado la AUGC, que no se extraña de la huelga encubierta y hace responsable de la misma "a la nula voluntad del ministerio de Interior de mejorar las condiciones de trabajo y vida de los guardias civiles".

Por ultimo, la AUGC ha asegurado que los ciudadanos "pueden estar tranquilos" porque los guardia civiles de tráfico van a velar, en estos días próximos, por su seguridad y van a estar más atentos, si cabe, a concienciarles de sus obligaciones viarias.

Guardias civiles piden la dimisión de Rubalcaba

Un centenar de guardias civiles, varios de ellos vestidos de uniforme y con tricornio, pidieron ayer en Madrid la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por no mejorarles la jornada laboral y por permitir que el "desánimo" se extienda en la Benemérita ante la falta de reformas.

Estos agentes se concentraron ante la sede central de CCOO en Madrid, donde había convocado un acto de protesta la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria entre los miembros del Instituto Armado.

Cinco miembros de AUGC -vestidos con capa, tricornio y con esparadrapo en la boca- se situaron frente a la sede de CCOO con una pancarta en la que podía leerse "Por una jornada laboral digna. No más recortes".

Al mismo tiempo, un guardia civil, ataviado también con un tricornio, leyó un manifiesto en el que se asegura que los miembros de la Benemérita reclaman "iguales condiciones" laborales que la Policía Nacional, ya que esto es la "piedra de toque" de la modernización del Instituto Armado.

Asimismo, durante la concentración los congregados corearon lemas como "Basta de abusos", "Dignidad", "No más injusticias", "Rubalcaba dimisión" y "Velázquez dimisión", consigna esta última referida al director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

Alberto Moya, secretario general de AUGC, declaró a los periodistas que con esta protesta querían "trasladar que el ambiente no puede ser más negativo en el ámbito de la Guardia Civil", ya que "cunde el desánimo" entre los agentes.

Según Moya, "los recortes salariales aplicados por el Gobierno vienen a recaer en un colectivo que ya está veinticinco años por detrás de otros cuerpos administrativos". "Ante esta situación", añadió, "el Gobierno tiene una actitud decepcionante, con un nulo desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, que es la palanca de adecuación de un cuerpo policial moderno".

Este dirigente de AUGC destacó que la Benemérita cuenta con una "estructura obsoleta, ineficaz, caldo de cultivo del despilfarro del dinero público", por lo que los congregados inician un calendario de movilizaciones hasta que se les conceda lo prometido y, en primer lugar, "una jornada laboral digna".

Moya concluyó anunciando que convocarán una gran manifestación en septiembre si el Ministerio del Interior no atiende sus peticiones. Si aun así no hay respuesta, la AUGC tiene intención de abandonar el Consejo de la Guardia Civil.

En varias ocasiones ya he comentado en este blog las condiciones tan nefastas en que trabajan la Guardia Civil y la Policía Nacional, dos cuerpos que dependen del Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno de la Nación no para de dar subvenciones a sindicatos, artistas y amigos afines a su partido, estos cuerpos que trabajan por la seguridad de todos nosotros tienen problemas para poder realizar su trabajo con garantía, con apenas seguridad personal, y encima como a todos los funcionarios se les ha recortado el sueldo.

Otro "despilfarro" en seguridad para un club privado

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-CCOO) ha denunciado el "gran despilfarro" que ha supuesto las medidas de seguridad para la reunión del Club Bilderberg, un grupo privado del que forman parte mandatarios, grandes empresarios o monarcas, y que ha movilizado a centenares de agentes autonómicos de Cataluña.

En un comunicado, el SME ha expresado públicamente "su desacuerdo hacia lo que supone un injustificado despilfarro de dinero público destinado a preservar la seguridad de un acto privado", cantidad que cifra en "centenares de miles de euros".

Revela este sindicato que, para garantizar la seguridad del encuentro anual del Club Bilderberg, que este año se celebra en un hotel de Sitges (Barcelona), (lea el post que publiqué el pasado día 1) "el Departamento de Interior ha montado un dispositivo de seguridad formado por centenares de mossos d'esquadra de diferentes especialidades (USC, BRIMO, Tráfico, Tedax, Subsuelo, Guías Caninos, ARRO, Información), así como la activación del helicóptero de Mossos".

"No se entiende que en plena crisis, cuando los gobiernos han impuesto un recorte salarial a todos los funcionarios escudándose en la crisis económica, ahora se dedique a enviar centenares de mossos a cubrir un acto no oficial y a generar un gasto cifrado en centenares de miles de euros que deberán pagar los fondos públicos", según indica la nota del SME.

El sindicato policial también denuncia que, para garantizar la seguridad de este acto, "se hayan tenido que enviar patrullas de otras demarcaciones policiales, con la consiguiente desprotección de sus territorios", y que "se haya forzado a algunos agentes a trabajar 8 fines de semana seguidos" o que se hayan programado "servicios continuados de más de 12 horas".

El SME-CCOO entiende que al ser un club privado, el Club Bilderberg, al que también se conoce como el "gobierno del mundo en la sombra", se debería "hacer cargo de los costes que genera la seguridad de este acontecimiento, y más teniendo en cuenta las cifras millonarias que aglutinan algunos de sus miembros, y no derrochar el dinero público de todos los ciudadanos".

Otro ejemplo de la Guardia Civil

La Dirección General de la Guardia Civil les ha hecho llegar un mensaje a los 22 agentes del cuerpo que llevan en Haití desde finales del año pasado. Considera que el desgaste que supone haber vivido en primera persona el terremoto del día 12 de enero y sus réplicas es un buen motivo para que regresen. Los agentes se sienten muy útiles y algunos han dicho que no quieren volver a España.

No es una orden tajante, es la idea que están manejando desde el Estado Mayor en la Dirección General de la Guardia Civil. Fuentes del Instituto Armado han asegurado que los mandos son conscientes del desgaste que puede provocar una situación tan tensa como es el vivir en primera persona un terremoto de semejantes características, que ha dejado sin vida a más de 200.000 personas.

A finales del pasado año se integraron en MINUSTAH (Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití) 22 agentes de la Guardia Civil. Llevaban allí un mes escaso cuando un terremoto de 7 grados en la escala de Richter azotó el país. La prioridad a partir de ese momento fue el rescate de supervivientes de entre los escombros y las ruinas en los que quedó reducida la capital, Puerto Príncipe.

Desde allí llegaron a España testimonios emocionados de cómo estos agentes ayudaron sin descanso y en la medida de sus posibilidades a la población haitiana. De hecho, dos de ellos, resultaron heridos.

Esta sensación de ‘sentirse útiles’ es lo que les ha llevado, según ha confirmado ECD, a ‘negarse’ a volver a España antes de que acabe su misión, de un año de duración. La Dirección de la Guardia Civil considera que esta dura experiencia puede acarrear problemas psicológicos o traumas. Pero aún así, la mayoría de los agentes que han sido consultados declinan regresar a nuestro país. “Aquí todavía queda mucho por hacer”, contestan.

También se ha abierto una vía para que la veintena de agentes pueda ser condecorada una vez que regresen a España. Es un trámite que está aún en sus inicios, pero que puede concluir en una condecoración más que merecida según las fuentes consultadas.

Junto a estos 22 agentes, la Guardia Civil tiene en Haití a 23 miembros de los Grupos Acción Rápida (GAR) que se trasladaron a la isla en el buque Castilla de la Armada, junto a miembros del ejército. La misión de éstos es garantizar la seguridad en los convoyes que llevan ayuda humanitaria y su trabajo se hace siempre en equipo.