Después de casi un año de enfrentamientos con el Gobierno de Zapatero y el Partido Popular (PP), las asociaciones de la Guardia Civil han puesto toda la maquinaria en marcha para protestar el 1 de octubre por los recortes de sus derechos básicos.
Esta retirada vendrá de la mano de una reforma de la ley de 2007 de Contratos del Sector Público en los ámbitos de Defensa y de la Seguridad que les prohíbe manifestarse.
Los sindicatos alegan que el derecho de reunión no tiene límites para ningún ciudadano, al igual que ocurre con el de reivindicación. Y han recordado que no todas las reivindicaciones tienen carácter sindical, como es el caso de las protestas contra ETA.
“A partir del 1 de octubre los guardias civiles dejaremos de ser ciudadanos españoles. Seremos parias sin derechos”. Con esta frase, el secretario de la Asociación Unificadas de Guardias Civiles, Alberto Moya, plantaba cara al PSOE y al PP, dos partidos que sólo consiguen ponerse de acuerdo en temas como este.
Lejos de rendirse, están dispuestos a librar esta batalla ante los Tribunales. “Iremos al Constitucional, y si es necesario al Europeo de Derechos Humanos”.
Porque no entienden que el mismo ejecutivo que impulsó esta ley hace solo tres años ahora decida reformarla, mientras asociaciones proetarras salen a la calle para pedir que sus presos vuelvan a las cárceles del País Vasco. Y avisan a Rubalcaba: “asistiremos a los actos electorales del candidato socialista y ex ministro del interior”. Mientras, el director general de la Policía y Guardia Civil, no se manifiesta ante el estupor de los agentes, que ven a su jefe “desbordado”.
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