La Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC) ha interpuesto una denuncia con arreglo al prendimiento especial de conformidad con el “RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE CREENCIAS” establecido por la Comisión de Derechos Humanos en Resolución 1986/20.
La denuncia presenta más de 150 “violaciones reiteradas, persistentes y manifiestas de los derechos humanos relacionados con la libertad de religión o de creencias en España”.
En el informe se insta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos la investigación de los hechos denunciados y a la interposición de sanciones contra el Gobierno de España, en caso de responsabilidad probada. Entre los hechos denunciados destacan declaraciones públicas de miembros del Gobierno o altos cargos como las palabras del excomisionado para las víctimas del terrorismo Peces-Barba, que declaró que los católicos “sólo entienden del palo” en referencias a las medidas que consideraba que se debían adoptar contra la Iglesia Católica.
También destacan las últimas acciones violentas contra templos católicos, como la colocación de artefactos explosivos en una iglesia de Majadahonda (Madrid), y unas feministas con tres litros de gasolina quemaron la puerta de la iglesia de Sant Vicenç de Sarrià en Barcelona, los crecientes ataques a otras iglesias e imágenes religiosas, o la defenestrada procesión atea que llamaba a “castigar a la conciencia católica” y “hacer daño sin contemplaciones”.
Los denunciantes han señalado a través de su portavoz que esperan que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos investigue esta “creciente oleada de ataques laicistas o antireligiosos” y obligue al Estado Español a cumplir con las resoluciones de la ONU en esta materia. En caso de comprobarse los hechos, las sanciones podrían contemplar la retirada del derecho a voto de España en la Comisión de Derechos Humanos, medida que solicitan los denunciantes.
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