El portavoz del área de bioética de Profesionales por la Ética de Cataluña, Josep Agudo, ha criticado el informe elaborado por el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que a su juicio defiende una ley de plazos para el aborto, 'sin necesidad de alegar ningún motivo', hasta las 24 semanas de gestación.
Para Agudo, la ley de plazos permite además 'la posibilidad de abortar más allá de este plazo en el supuesto de malformaciones en el feto y de peligro para la salud física o psíquica de la madre'.
Con esta iniciativa -ha indicado por medio de una nota de prensa-se quiere transformar la legislación de manera que el aborto deje de ser un delito para convertirse en un derecho que ha de satisfacer la sanidad pública.
Además considera que se defiende la promoción de la anticoncepción entre los menores, en lugar de recomendar la abstinencia o el retraso en el inicio de las relaciones sexuales, 'como si fuera algo imposible de conseguir'.
Con este informe -añade- 'se quiere imponer la muerte como la solución ante los problemas que puedan tener las mujeres embarazadas' y entiende que 'ignora las consecuencias que el aborto tiene en la salud de las mujeres, como sucede con el síndrome postaborto', y denuncia que 'incluso permite que se puedan abortar niños y niñas que ya pueden ser viables (de más de 22 semanas de gestación)'.
Agudo afirma que el informe se opone a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, y también a la Ley de Autonomía del Paciente, al proponer que las menores puedan dar el consentimiento al aborto a partir de los 16 años.
'El aborto no es un derecho aunque algunos grupos minoritarios quieran imponer un aborto a la carta y dar cobertura legal a negocios como el de las clínicas del doctor Morín y sus trituradoras de bebés', se indica en el mismo comunicado.
Por otro lado, critica que el Comité Consultivo de Bioética sólo proponga medidas parar favorecer y garantizar el aborto, 'y no se analice ni se proponga alternativas para las mujeres que se encuentran ante la dramática situación de abortar'.
Finalmente ha pedido la retirada del informe y la modificación de la normativa, y ha exigido que la Generalitat adopte una política orientada a ayudar a las mujeres embarazadas con dificultades para poder tener a sus hijos.
