Las víctimas de accidentes de tráfico

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al nuevo Gobierno que "se comprometa en firme con las víctimas de accidentes de tráfico, con medidas eficaces para su atención y su posterior reincorporación a la vida comunitaria".

El Cermi recuerda en una nota que la siniestralidad vial continúa siendo una de las primeras causas generadoras de discapacidad en España, e indica que las víctimas que sobreviven a los accidentes de tráfico pero adquieren una discapacidad no cuentan con los apoyos necesarios para retomar una vida normalizada.

En la próxima legislatura, según el comité, "el nuevo Gobierno del Partido Popular (PP) ha de impulsar una política de atención a víctimas digna de tal nombre, que acompañe los buenos resultados obtenidos en los últimos años en la reducción de la mortalidad en carretera".

A juicio del Cermi, ha de aprobarse por las Cortes una ley de protección integral de las víctimas de tráfico, "que establezca un marco sistemático, coherente y reforzado de apoyo a las víctimas y a sus familias, del que hoy se carece en España".

Con este fin, el comité ha adoptado y publicado un modelo de ley de víctimas que pone a disposición de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo.

De igual modo, estima que "el nuevo Gobierno debe dedicar el 33% de lo recaudado por multas de tráfico a la atención a las víctimas, mediante la creación de una fundación pública que gestione programas de apoyo y asistencia, en estrecha cooperación con la sociedad civil que trabaja con seriedad en este campo".

Otra de las medidas que exige el Cermi es la urgente revisión del baremo oficial de indemnizaciones por accidente de tráfico, "que se adapte a la realidad actual y valore con equilibrio los efectos de todo tipo que el accidente supone para la víctima".

La Fiscalía de Tráfico pide rentas vitalicias

La Fiscalía de Seguridad Vial ha constituido un grupo de trabajo con la Dirección General de Seguros y la patronal de las aseguradoras Unespa, para revisar el actual baremo de indemnizaciones de tráfico y eliminar así su "rigidez" y "desfase" respecto al que se aplica en otros países de la Unión Europea.

Así lo afirmó ayer en rueda de prensa el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien propuso medidas como la de impulsar rentas vitalicias para los menores de edad y los "grandes lesionados", o la confección de cada indemnización como un "traje a medida" para cada víctima de los accidentes de tráfico.

La Fiscalía considera que, en la nueva etapa vital que inician muchas de las víctimas tras el accidente, "resulta absolutamente decisiva la compensación económica a percibir en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados en el siniestro".

En España, las indemnizaciones en estos casos se calculan conforme a un baremo de carácter vinculante vigente desde el año 1995. Ante sus "deficiencias", la Fiscalía demanda "una revisión en profundidad" y ha elaborado una serie de propuestas para recoger "las distintas realidades y necesidades" de las víctimas.

Según explicaron Vargas y Elena Agüero, fiscal adscrita al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, es necesario que la indemnización de cada víctima "se confeccione como un traje a medida de sus necesidades específicas", por lo que pidieron la inclusión de cláusulas abiertas que operen como factores de corrección.

Entre sus propuestas, figura también la de aplicar "una total cobertura médica y farmacológica" a las víctimas "cuando resulte necesario en su proceso de curación", y la de crear un régimen específico de responsabilidad para los colectivos vulnerables, como los ancianos, los niños y las personas con discapacidad.

Este último punto está orientado a "garantizar en todo caso la compensación económica íntegra" de estos colectivos cuando estén implicados en accidentes de tráfico.

Entre las peticiones lanzadas, destacan también la de crear una red de oficinas de atención a las víctimas del tráfico, similar a la de las víctimas del terrorismo o de la violencia de género; la de fomentar un diseño "sencillo y claro" de las categorías indemnizables, y la de reforzar la protección de los grandes lesionados cerebrales, medulares o de los que se encuentren en estado de coma, suprimiendo los límites máximos para las ayudas de adaptación de viviendas, por ejemplo.

"En los últimos años se ha reducido la siniestralidad y ha aumentado el parque de vehículos. El colectivo de lesionados graves no supone más que un porcentaje pequeño que requiere toda cobertura posible", concluyó Agüero.