La Fiscalía de Seguridad Vial ha constituido un grupo de trabajo con la Dirección General de Seguros y la patronal de las aseguradoras Unespa, para revisar el actual baremo de indemnizaciones de tráfico y eliminar así su "rigidez" y "desfase" respecto al que se aplica en otros países de la Unión Europea.
Así lo afirmó ayer en rueda de prensa el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien propuso medidas como la de impulsar rentas vitalicias para los menores de edad y los "grandes lesionados", o la confección de cada indemnización como un "traje a medida" para cada víctima de los accidentes de tráfico.
La Fiscalía considera que, en la nueva etapa vital que inician muchas de las víctimas tras el accidente, "resulta absolutamente decisiva la compensación económica a percibir en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados en el siniestro".
En España, las indemnizaciones en estos casos se calculan conforme a un baremo de carácter vinculante vigente desde el año 1995. Ante sus "deficiencias", la Fiscalía demanda "una revisión en profundidad" y ha elaborado una serie de propuestas para recoger "las distintas realidades y necesidades" de las víctimas.
Según explicaron Vargas y Elena Agüero, fiscal adscrita al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, es necesario que la indemnización de cada víctima "se confeccione como un traje a medida de sus necesidades específicas", por lo que pidieron la inclusión de cláusulas abiertas que operen como factores de corrección.
Entre sus propuestas, figura también la de aplicar "una total cobertura médica y farmacológica" a las víctimas "cuando resulte necesario en su proceso de curación", y la de crear un régimen específico de responsabilidad para los colectivos vulnerables, como los ancianos, los niños y las personas con discapacidad.
Este último punto está orientado a "garantizar en todo caso la compensación económica íntegra" de estos colectivos cuando estén implicados en accidentes de tráfico.
Entre las peticiones lanzadas, destacan también la de crear una red de oficinas de atención a las víctimas del tráfico, similar a la de las víctimas del terrorismo o de la violencia de género; la de fomentar un diseño "sencillo y claro" de las categorías indemnizables, y la de reforzar la protección de los grandes lesionados cerebrales, medulares o de los que se encuentren en estado de coma, suprimiendo los límites máximos para las ayudas de adaptación de viviendas, por ejemplo.
"En los últimos años se ha reducido la siniestralidad y ha aumentado el parque de vehículos. El colectivo de lesionados graves no supone más que un porcentaje pequeño que requiere toda cobertura posible", concluyó Agüero.
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