El túnel de bateo del estadio de béisbol que se derrumbó en enero de 2009 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y que acabó con la vida de cuatro niños "no reunía las condiciones precisas y necesarias de solidez y seguridad". Es lo que ha concluido la titular del Juzgado de Instrucción número 3 en un auto en el que da por finalizada la investigación. La juez solicita a las partes que califiquen los hechos para abrir juicio oral y considera que hay indicios racionales para pensar que la edificación no se construyó siguiendo los procedimientos establecidos.
La juez cree que el constructor imputado, José María G. M., infringió gravemente el deber de diligencia en la construcción del túnel y apunta que los dos técnicos del Ayuntamiento también imputados, Carmen R. A. y Daniel C. M., vulneraron su deber de comprobar la ejecución, lo que llevó a realizar una obra "con graves negligencias que causaron el derrumbe".
El derrumbe se produjo el 24 de enero de 2009 a las 11.30 horas, cuando, debido al mal tiempo y a las fuertes rachas de viento, la cubierta del recinto se arrancó de su soporte y provocó la caída de las paredes que servían de cierre y soporte estructural. Del informe pericial se desprende, según la juez, que existieron diversas irregularidades.
Se trataba de un edificio formado por una nave rectangular de 24,5 metros de largo y 12 de ancho, acabado con una cubierta metálica con dos vertientes, con una altura de 5,3 metros en un lado y 7,1 en la parte más alta.
Del informe pericial se desprende, según la juez, que existieron varias negligencias en la construcción como, por ejemplo, que los muros de carga deberían haber estado rellenos de hormigón y que en el momento de ejecutarse la obra los bloques no estaban suficientemente húmedos.
El abogado de las familias de los cuatro niños fallecidos en el siniestro, José María Fuster-Fabra, ha mostrado su satisfacción por la labor judicial y ha explicado que 'indiciariamente ha quedado acreditado que, evidentemente, aquel día hubo un viento muy fuerte, pero que también había unos gravísimos defectos de construcción y en este sentido el auto es claro, razonado y contundente'.
Fuster-Fabra afirmó que las familias esperan que el Ayuntamiento 'les pida disculpas públicamente y que se asuman responsabilidades'.
Por su parte, el consistorio no ha querido valorar la conclusión de la fase de instrucción del caso en el que están imputados dos técnicos municipales y el constructor de la obra.
Ahora, el Ministerio Fiscal tiene diez días para formular el escrito de acusación o para pedir el archivo de la causa. Deseo que se haga justicia y no se archive el caso, y si hay culpables que lo paguen.
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