A Marino Rajoy ya le empiezan a crecen los enanos

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Partido Popular (PP), ya le empiezan a crecer los enanos, si el pasado 29 de marzo salieron a la calle los sindicatos, ahora son las victimas del terrorismo las que amenazan en hacerlo.

Las víctimas del terrorismo han dicho basta y se van a movilizar contra la política antiterrorista del gobierno del PP. el próximo día 21 de abril, y durante un acto que tendrá lugar en el Hotel Emperador de Madrid, se anunciará un calendario de movilizaciones para obligar al Gobierno de Rajoy a que abandone la hoja de ruta marcada por la negociación mantenida entre el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ETA, y que según han denunciado las víctimas en numerosas ocasiones, Rajoy está siguiendo. En el acto, participarán junto al presidente de Voces Contra el Terrorismo, Francisco José Alcaráz, el funcionario de prisiones secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara, y el periodista Salvador Ulayar, cuyo padre fue asesinado por la banda de asesinos.

Francisco José Alcaraz confirmó la celebración del acto, así como que en él se anunciarán las movilizaciones que ya tienen previstas. Las víctimas del terrorismo, y en especial Voces Contra el Terrorismo, vienen denunciando desde hace tiempo que el Gobierno del Partido Popular está siguiendo al pie de la letra lo pactado entre Zapatero y ETA, así como mantiene abierta la Vía Nanclares.

Francisco José Alcaraz señaló en el perfil de Facebook de Voces Contra el Terrorismo, que tal y como ya predijo en 2006 en un artículo publicado en ABC, el Gobierno tiene decidido ceder las competencias en materia penitenciaria al País Vasco. Esto conllevaría que las decisiones sobre vigilancia penitenciaria, excarcelaciones o trato de todos los penados que estén en las cárceles vascas dejaría de ser competencia del Ministerio del Interior y el de Justicia, a través de Instituciones Penitenciarias, y de los juzgados de vigilancia penitenciaria actuales, y pasaría a estar controlados por la Comunidad Autónoma vasca presidida en la actualidad por Patxi López y por los juzgados ubicados en el País Vasco. Algo que pone muy en guardia a las víctimas del terrorismo, puesto que durante las próximas elecciones autonómicas vascas todas las encuestas dan por ganador a la formación política que presente la izquierda abertzale Bildu-Amaiur-ETA, y que podría suponer de facto dejar en sus manos las políticas de excarcelaciones.

De momento calladitos en sus escaños

Aunque ayer un representante de Amaiur fuera recibido por el Rey Juan Carlos -por cierto, con una frialdad impresionante-, horas más tarde la Mesa de la Cámara Baja se acogió al reglamento jurídico y decidió que la coalición abertzale no tenga grupo propio. La Mesa decidió rechazar la creación del grupo parlamentario de Amaiur al interpretar que no cumple completamente los requisitos reglamentarios por no haber llegado al 15% de votos en una de las circunscripciones en las que concurrió (concretamente en Navarra, donde se quedó en el 14,86%).

La decisión fue adoptada con los votos del Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. Los otros dos partidos representados en la Mesa, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Convèrgencia i Unió (CiU), han optado por la abstención quejándose del informe jurídico preparado por los letrados.

En la misma reunión se dio vía libre a la constitución del grupo de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha tenido que aceptar la incorporación temporal del diputado de Foro (FAC) para poder cumplir el 5 por ciento de voto nacional que se le requería. Ahora se abre un plazo de 24 horas, hasta las ocho de la tarde de hoy, para presentar recursos.

La decisión definitiva, que ya sólo sería recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional, la adoptará el lunes la Mesa del Congreso una vez que escuche la opinión de la Junta de Portavoces.

Si Amaiur recurre al Tribunal Constitucional estoy completamente seguro que conseguirán ser un grupo parlamentario, no olvidemos que el TC legalizó a Bildu.

Los "recaderos de ETA"

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) publicó y distribuyó este martes por Internet un manifiesto titulado "No es esto, No es esto", coincidiendo con la constitución de las Cámaras salidas de las elecciones generales del 20 de noviembre. La iniciativa la ha impulsado el propio presidente de DENAES, Santiago Abascal.

El texto critica duramente que los parlamentarios de Amaiur, a los que se define como “defensores de la ETA” y “recadistas de los asesinos”, estén presente en las Cortes poniendo en cuestión la unidad de España.

Según informó el propio Abascal, en el primer día de circulación de este manifiesto ya se han adherido al mismo, entre otros, María San Gil, exlíder del PP vasco, y Alejo Vidal-Quadras, europarlamentario popular y exlíder de su partido en Cataluña. También se han sumado el sociólogo Amando de Miguel y el filósofo Gustavo Bueno.

En el manifiesto se asegura que la constitución de las nuevas Cortes este martes fue “un día triste, de enorme decepción”, debido a la presencia de los siete diputados y los tres senadores de Amaiur.

Según este documento, “la presencia de los defensores de la ETA en las Cortes Generales de la nación española otorga una apariencia de legitimidad no sólo a su ideología totalitaria y secesionista, sino también a los medios terroristas y criminales utilizados durante casi medio siglo por la banda asesina”.

El texto añade que los firmantes de esta iniciativa no aceptan “que los delegados de los asesinos fraticidas se infiltren en nuestras instituciones, poniendo en gravísimo peligro a la propia democracia española”.

El 11-M ¿Atentados o golpe de Estado?

El pasado miércoles terminaba el post que publiqué en este blog diciendo: Esperemos que a la juez Coro Cillán la dejen trabajar y no la presionen para que abandone el caso, que podamos saber la verdad y que los culpables se pudran en la cárcel.

Pues bien, cuando apenas han transcurrido unas horas nos enteramos que el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es la magistrada Coro Cillán, ha sufrido una inspección por sorpresa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, Esta actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces, cuando menos, llama la atención al no tratarse de una visita programa del servicio de inspección. Y todo ello “dentro de un contexto en el que la magistrada Cillán está empeñada en saber la verdad de lo que ocurrió en los atentados del 11-M”.

En este sentido, las citadas fuentes sostienen que “desde el CGPJ se quiere apartar a la magistrada de la investigación” de la matanza ocurrida en Madrid. Al parecer, desde la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Eduardo Esteban, discípulo de Mariano Fernández Bermejo y hombre muy próximo a los socialistas, se presentó un escrito ante el servicio de inspección del CGPJ para que indagara presuntas irregularidades en el juzgado de Cillán. “Esteban fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid en 2008 gracias a las presiones que el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo sobre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido”.

Y es que “la juez está tocando un tema muy sensible”, señala un miembro de la judicatura. En este punto explican que el CGPJ hace dos tipos de inspecciones. Una, programada, que suelen ser las rutinarias que se hacen en todos los juzgados y tribunales españoles, donde se examina el estado general del juzgado. Y otra, las que se hacen de un modo extraordinario y sin avisar. Es decir, “se presenta un magistrado inspector en el juzgado correspondiente y se centra en averiguar cómo se está tramitando un asunto concreto por si existe alguna irregularidad procesal o de cualquier otro tipo”. A continuación, en los próximos días, el servicio de inspección remitirá un informe detallado al CGPJ. Es más, “pudiera suceder que si se encuentra materia suficiente para ir contra la juez el asunto se pasaría a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano para que proceda lo que a Derecho corresponda”.

“Esta segunda opción es la que ha podido ocurrir teniendo en cuenta la intensidad y constancia en la investigación que la magistrada Cillán está demostrando en el 11-M”, apuntan fuentes jurídicas.

De hecho, hace unas semanas admitió a trámite una querella presentada por los abogados de Saed el Harrak, condenado a 12 años de prisión por colaboración con banda armada y por formar parte de la célula yihadista autora de la matanza, contra Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los Tedax y contra la funcionaria perito química adscrita al laboratorio por destruir pruebas.

Según el escrito acusatorio, Sánchez Manzano y su compañera en los Tedax “destruyeron e hicieron desaparecer la mayor parte de la multitud de restos y vestigios” -vea los videos del post del pasado miércoles-. También se le acusa de no entregar el resultado de los análisis efectuados a los explosivos. En esta causa que investiga la juez Cillán están personadas la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entre otros.

Con todo, es cierto que la magistrada está indagando sobre un asunto muy sensible que no gusta a algunos, pues pueden salir a relucir conclusiones hasta ahora desconocidas o no juzgadas por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Entiendo que estos señores de la toga afines al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quieran tapar el “caso Campeón” que está implicado el ministro en funciones de Fomento, José Blanco, la corrupción de la Junta de Andalucía”, el “enriquecimiento dudoso” del expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, pero que impidan que se investigué el caso 11-M me demuestra que ellos temen que se sepa la verdad de la muerte de 191 personas inocentes y 1858 heridas, y si no es así. ¿Por qué no dejan que la magistrada Cillan siga investigando el caso con toda tranquilidad?.

La pataleta de Juan Jesús Sánchez Manzano

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha tardado poco en contestar a las duras acusaciones que el que fuera jefe de los Tedax cuando se produjeron los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, Juan Jesús Sánchez Manzano, formuló ante los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) en contra de dicha asociación.

¿El motivo? La batería de diligencias que esta acusación popular presentó ante la magistrada del juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid, Coro Cillán, y que ésta admitió la semana pasada en el marco de la causa donde se investiga la actuación del comisario policial en relación con los atentados de Madrid.

En un escrito, Manzano calificó a los guardias civiles de "ignorantes", de tener "afán de protagonismo mediático" y de tratar "de causar un dolor permanente en las víctimas" del 11-M.

En declaraciones a esRadio, el portavoz de la UO, Jesús Martín Vázquez, señaló que "no van a entrar en el juego" que pretende el comisario policial. La asociación querellante entiende que quien tiene que pronunciarse sobre la idoneidad o no de estas pruebas es la jueza Cillán y "ya lo ha hecho al admitir la batería de diligencias". "Si las ha aceptado será por algo", apostilló el portavoz.

Hace unos días en un programa de una televisión privada -ya que las televisiones públicas y algunas privadas por no perder las subvenciones que les da el Gobierno silencian lo que deberíamos de saber todos los españoles- Martín Vázquez dijo: "Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo les guste o no a la defensa aunque entendemos que no le guste a ésta que estemos solicitando nuevas diligencias.

Respecto a una de las acusaciones del comisario contra la UO -"la petición de tales diligencias acredita la absoluta ignorancia del peticionante de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M"-, la acusación popular le responde que "hay mucha gente ignorante en relación a la causa que se sigue ante el juzgado Número 43 donde se investiga la cadena de custodia de las pruebas en los atentados del 11 de marzo de 2004".

Somos muchos los españoles que nos preguntamos el ¿Por qué? se hicieron desaparecer trenes enteros y solo dejaron media docenas de tornillos como prueba del atentado más sanguinario y horroroso de España, ¿Quién hay detrás del atentado del 11-M?

Ni amnistía ni perdón para los asesinos de ETA

En un siniestro juego de espejos el Gobierno de Zapatero y ETA están escenificando un final de etapa de la banda terrorista y del conflicto vasco. No porque objetivamente se vaya a terminar el endiablado contencioso, sino por los intereses creados de cada una de las partes.

El Gobierno socialista tiene un problema acuciante de votos y ETA un problema acuciante de caja y, por terrible que pueda parecer, ambos se necesitan.

De ahí que el Ejecutivo multiplique los mensajes de que a la banda le quedan dos telediarios (Rubalcaba ve "cerca el final de ETA"), y que los del otro lado no disimulen sus deseos por cambiar la cartuchera por la americana de concejal, sin pasar, eso sí, por el traje a rayas (desde la caída del caballo de Txeroki en El País, a comienzos del verano, hasta el comunicado de los presos etarras en el que tienen la inmensa caradura de pedir "una amnistía completa").

Pero no es un final de etapa, como quisieran los zapateristas en apuros y los etarras cansados de la dura vida del zulo y la clandestinidad, sino final de legislatura socialista, que no es lo mismo; y el candidato Rubalcaba necesita como el comer la foto de una falsa paz; y ETA y su entorno necesitan de forma no menos imperiosa aliviar la presión de sus reclusos y reciclar su ejército de pistoleros y escuderos del terror en diputados de Sortu y Bildu.

De suerte que la siniestra componenda vendría a resumirse -en trazo grueso- de esta guisa: tú me ayudas a no perder las elecciones por goleada, o por lo menos a que el anunciado batacazo tenga mullido airbag, y yo te facilito las cosas para que te vayas de rositas, ora con amnistía, ora con blanqueamiento del TC para colar proetarras en las listas electorales.

Una urgencia mucho más difícil de satisfacer para los proetarras con el PP en el Gobierno que con un PSOE que, hasta la fecha, les ha dado casi todo lo que han pedido.

Maquiavélicos planteamientos que no tienen encaje en un Estado de derecho. Así lo han denunciado las Víctimas del Terrorismo, hartas de la tomadura de pelo de la era zapaterista.

No caben atajos para María José Rama, viuda de un guardia civil asesinado hace nueve años en Leiza, que en el homenaje celebrado el pasado sábado dijo: "No pararé hasta que los asesinos de mi marido paguen su culpa".

Lo único que puede y debe haber es el cumplimiento de la ley. Nada de eso aparece ni en los comunicados de ETA, que no renuncian ni a la violencia ni a sus delirantes objetivos de siempre -independencia y territorialidad-, ni tampoco en el comunicado de los presos.

Estos últimos, con decenas de víctimas en su haber, tienen el atrevimiento de exigir el reconocimiento de un "estatus político", porque, dicen, "somos imprescindibles" para "lograr una solución al conflicto que sufre nuestro pueblo". Sería para tomárselo a chiste, si no fuera porque el propio Gobierno socialista le ha reído las gracias al entorno etarra y dado alas a sus órdagos, mediante la negociación y la tregua-trampa.

En una tertulia realizada el pasado 15 de julio con el periodista Alfredo Crespo y el abogado Rubén Mújica, hijo del dirigente socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA en 1996, dejan muy claras las intenciones del actual Gobierno.

También Alberto Lardiés revela en el diario La Gaceta de ayer el enésimo indicio del obsceno conchaveo. El ahora candidato Rubalcaba se reunió con un mediador entre el Gobierno y ETA antes de dejar la cartera de Interior.

Se trata del israelí Spektorowski, vinculado al grupo del sudafricano Brian Currin y que mantiene excelentes relaciones con el diplomático Shlomo Ben Ami, que colaboró en la negociación soterrada entre Gobierno y ETA

Antes Bildu, ahora Sortu

La formación proetarra Sortu (a imagen y semejanza de Bildu) podría estar presente en las próximas elecciones generales, tal y como informó ayer el diario La Razón.

De hecho, el Tribunal Constitucional (TC) permitiría la inscripción de este partido en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior antes de las elecciones generales, con independencia de que éstas se celebrasen el próximo otoño o en marzo del año que viene.

En este sentido, al Alto Tribunal deberá decidir sobre el recurso de amparo presentado por el abogado del entorno de ETA, Iñigo Iruin, contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de partidos políticos.

Además, los expertos consultados por el diario de Planeta afirman que aunque el Constitucional no tiene un plazo tasado para pronunciarse sobre la legalización, la legislación le insta a pronunciarse lo antes posible por ser éste un asunto que afecta al régimen electoral.

En estos momentos, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado están ultimando sus alegaciones contra la legalización de Sortu, escrito que presentarán esta misma semana al Constitucional.

Sin embargo, a la hora de tomar una decisión el TC tendrá en cuenta su propia jurisprudencia y para ello basará su fallo en la sentencia que recientemente tomó sobre Bildu, que finalmente pudo presentarse a las elecciones locales y autonómicas.

El juez aprieta tuercas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -foto- procesó ayer a los tres imputados por el presunto chivatazo policial a ETA, conocido como el caso del bar Faisán. Ruz les acusa de colaborar con la banda terrorista, revelar secretos y encubrimiento.

Los procesados son el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.

En su resolución, de 75 páginas, el juez Ruz plantea las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclina más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada.

Para el juez, "en el presente momento aparecen motivos bastantes para afirmar que los ahora procesados pudieron cometer" los mencionados delitos y concluye que los tres mandos policiales pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producirse.

Ruz tomará declaración indagatoria a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros el próximo 19 de julio a partir de las 10:00 para comunicarles su procesamiento.

Según detalla en el auto, el juez ha recabado hasta doce indicios contra los procesados, sin perjuicio de la prueba que se practique en el juicio oral, entre los que cita la confirmación de la presencia junto al bar Faisán de Ballesteros en los minutos previos a producirse la llamada telefónica investigada y que es atendida por el dueño del establecimiento Joseba Elosua en el interior del local.

También cita que el conocimiento que tuvieron de la filtración fue a través de la baliza instalada en el vehículo de Elosua.

Asimismo, el magistrado pone de manifiesto los cortes registrados en las cintas de vídeo que grabó las inmediaciones del bar Faisán el día que se produjo el soplo.

El 20 de junio de 2006, las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, asestan un duro golpe a la red de extorsión de ETA al detener a 12 personas implicadas en el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros.

La operación estuvo a punto de irse al traste ya que el 4 de mayo anterior un policía avisó a uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento.

El chivatazo se lo dio presuntamente un policía al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, uno de los jefes del aparato recaudador de los terroristas.

La Audiencia Nacional investiga desde entonces quiénes son los responsables de lo que el juez ha denominado "delación policial".

El Tribunal Constitucional esta "podrido"

Si el pasado jueves comentaba en este mismo blog la diferente manera de impartir justicia que tienen los jueces españoles. La decisión que tomaron seis magistrados del Tribunal Constitucional la noche de este mismo día de aprobar las listas de Bildu, las cuales han hecho posible la presencia de ETA en las instituciones a partir de las próximas elecciones del próximo día 22, cuando unos días antes el Tribunal Supremo las rechazó.

Los principales colectivos de víctimas del terrorismo acusaron ayer al Tribunal Constitucional de estar "podrido" por haber rehabilitado a Bildu, al tiempo que pidieron la dimisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Estos reproches al Constitucional y al Gobierno fueron lanzados en una rueda de prensa en Madrid, en la que estuvieron representantes de la Asociación Victimas del Terrorismo (AVT), Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Dignidad y Justicia, Fundación Miguel Ángel Blanco y otras víctimas destacadas, como Conchita Martín, viuda del primer asesinado tras la tregua de ETA de 1998.

Durante esta comparecencia, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de un fiscal asesinado por la banda etarra, sostuvo que "el alto estamento de la Justicia está podrido" y reclamó por ello que los magistrados pueden organizarse para evitar la injerencia de los políticos.

En esta línea, Ángeles Pedraza, presidenta de la (AVT), se preguntó si los magistrados que han rehabilitado Bildu "habian podido dormir", al tiempo que señaló que estos jueces "tendrán toda la vida sobre su conciencia lo que hicieron la noche del jueves".

En concreto, en este manifiesto conjunto se asegura que el Gobierno es responsable de la "estafa" que supone que la coalición abertzale vaya a estar en las urnas, puesto que el Gabinete de Zapatero ha escenificado un "cínico y estudiado simulacro".

Mientras miembros del Gobierno del País Vasco discrepan de la decisión del Tribunal Constitucional, la presidenta de Unión Progreso y Democracia (PYD) Rosa Diez, no se mordió la lengua, y califico entre otros que era la peor noticia que se podía oír en la primera noche electoral.