La discriminación, la falta de ayudas y el incumplimiento de derechos que sufren los discapacitados en España se muestran en el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del Día Internacional sobre los Derechos Humanos.
Este estudio es una alternativa y a la vez un complemento al ya enviado a la ONU por el Gobierno, y tiene como finalidad analizar si se aplican y respetan los principios incluidos en la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD).
Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, destacó que aproximadamente el 20% de los discapacitados (de un total de más de cuatro millones) no pueden salir de sus hogares por las barreras arquitectónicas que se lo impiden. "Son personas en las que el grado de socialización se pierde", ha aseguró Moral.
El sistema educativo margina bastante a los discapacitados. La Ley de Educación obliga a los niños con minusvalías a acudir a colegios específicos. Esta segregación ha causado que un 11,5% de la población con discapacidad no haya completado sus estudios primarios, frente al 2,1% de la población en general. Las cifras aumentan entre las féminas: casi el 75% de las discapacitadas carecen de estudios o sólo tienen estudios primarios.
El sector femenino es el peor parado en todos los ámbitos. El 60% de desempleados con discapacidad son mujeres, y a esto se le añade otro grave problema: muchas son sometidas a esterilizaciones forzadas, algo permitido por el Código Penal español para las personas con graves deficiencias psíquicas. Basta con que lo solicite el familiar a cargo del incapacitado. El CERMI reclama la prohibición de esta práctica por considerar que atenta contra la integridad de la mujer.
Estos datos llegan casi una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara un Proyecto de Ley para adaptarse a la normativa de la ONU. Sin embargo, el CERMI lo considera aún insuficiente y presentará enmiendas a todos los grupos parlamentarios para introducir medidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad.
