Los poco más de cinco años que lleva en vigor la ordenanza cívica no han sido suficientes para atajar el problema de la prostitución en las calles de Barcelona. Lo que sí parece que ha tenido efecto es la presión vecinal y el autocontrol de las propias mujeres que ejercen.
La concejal de Dones i Joventut de Barcelona, Elsa Blasco, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), valoró de esta forma la lucha que mantiene el Ayuntamiento contra la prostitución, y reconoció la contradicción entre las políticas sancionadoras que propone la ordenanza frente a las de tipo social que plantea su equipo.
En el último año, la Guardia Urbana ha impuesto 2.183 sanciones por ofrecer servicios sexuales frente a 912 a los clientes. Desde la entrada en vigor de la norma, se contabilizan 15.390 infracciones de ambos tipos. Fuentes del Consistorio aseguraron que desde septiembre la política de multas se concentra en el cliente.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Jordi Bonet, se sumó a las críticas hacia la ordenanza, y señaló que esta norma "sitúa a las trabajadoras sexuales como problema, no como sujeto". Además, Bonet criticó las vallas del Mercado de La Boqueria y afirmó que los políticos no pueden hacer normas a base de "golpes mediáticos". "Las vallas sólo trasladan el problema a otro lado", dijo.
Por otro lado, Blasco presentó los datos anuales de la Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (Abits), que revelan que esta entidad municipal atendió a 449 prostitutas durante el año pasado, lo que significa un 10% más que en 2009.
Los datos del informe señalan que el 85% de atendidas son extranjeras. En primer lugar se encuentran las rumanas (111), seguidas de ecuatorianas (41) y nigerianas (76), que por primera vez han pasado por delante de las españolas (58).
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