En el documento, de 36 folios, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que "en el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que como mínimo cabría calificar de preocupante" por causas más relacionadas con "deficiencias del proceso educativo" que con situaciones de marginalidad.
De hecho, señala que "no se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las denominadas 'broken families' ni a familias desestructuradas" por lo que "no es infrecuente" que el menor maltratador esté integrado en "familias con nivel económico y social medio alto".
Así, explica que si bien desde un punto de vista sociológico estas conductas se asocian a familias monoparentales en las que el menor se ha criado con la madre, "hacia la que adopta posturas patriarcales y machistas", en los últimos tiempos se está detectando "una evolución en el perfil" del niño o adolescente: la víctima sigue siendo "mayoritariamente" la madre, pero cada vez hay "mayor equiparación" entre maltratadores hijos e hijas.
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