El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Según ha confirmado la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, se ha rechazado automáticamente, al no contar con el respaldo necesario, el informe propuesto por Margarita Uría, vocal a propuesta del PNV, en el que se apoyaba la constitucionalidad de la reforma y sólo llegaba a recomendar que los padres fueran informados cuando sus hijas menores fuera a ser sometidas a un aborto, pero sin que fuera necesario su consentimiento.
El vocal de CiU, Ramón Camp, de quien dependía la votación, se ha abstenido, y aunque Carlos Dívar -propuesto por el propio Zapatero como presidente del Consejo-, se ha mantenido coherente con su postura y ha votado en contra, no ha sido preciso su voto de calidad, ya que Camp, aunque se ha abstenido, ha emitido voto, todos los vocales han votado y las fuerzas están empatadas; según ha explicado Bravo, al haber un empate en la votación y no obtener mayoría, el informe ha sido automáticamente descartado. Dívar ha sumado su voto a los de los 9 vocales que han votado en contra del informe de Uría, que han seguido apoyando ésta y otros nueve vocales después de que fuera aprobado por la mínima en la Comisión de estudios.
El resultado abría dos posibilidades: trasladar al Gobierno la imposibilidad de aprobar un informe o solicitar una tercera prórroga al Gobierno para encargar uno nuevo a la comisión de estudios. Bravo ha señalado que como ya han consumido dos prórrogas y pese a ello no hay consenso, no solicitarán una tercera al Gobierno. Por ello, el Consejo no va a emitir informe alguno, hecho sin precedentes en la historia del CGPJ.
Mientras, la ley podrá seguir su trámite parlamentario, ya que este informe, aunque preceptivo, no era vinculante. Pero el rechazo de hoy supone un serio revés para el Gobierno: evidencia la grave división que genera y certifica que asuntos que afectan a derechos fundamentales no se pueden tratar con tanta ligereza ni al margen de los ciudadanos.
Hay que recordar que esta misma semana la ministra Bibiana Aído se comprometió a respetar la decisión del Consejo, aunque miembros de su propio partido, como Leire Pajín, se apresuraron a rectificarla, previendo lo que ha ocurrido y precisando que en todo caso el fallo del Consejo, aunque merecería respeto, no era vinculante y que el PSOE seguiría adelante con la reforma cualquiera que fuese la decisión del CGPJ.
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