Robos de antigüedades religiosas

 El Cuerpo de Mossos d'Esquadra -Policía autonómica de Cataluña- están impulsado planes de seguridad en las regiones policiales de Girona, Tarragona, Lleida y la Catalunya Central para prevenir los robos de arte religioso.

Quieren evitar también otros delitos en iglesias y otros centros de culto, que se basan en reuniones periódicas y análisis de las situaciones de riesgo con patrullajes dirigidos.

La policía catalana busca evitar que desaparezca de las iglesias piezas de gran valor histórico y artístico y promover que los curas denuncien, y prevenir a toda costa que puedan llrgar a darse casos tan graves como la sustracción del  Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que ha podido ser recuperado tras la detención del presunto ladrón.

Los Mossos d’Esquadra recuperaron hace un año la imagen de la Virgen del Carmen -foto- robada de la Cofradía de Pescadores de Calafell (Tarragona).

De hecho, este 2012 en Girona se ha producido el robo de dos campanas en Riells y Breda, una imagen religiosa de Santa Maria de Creixell en Borrassà, tallas policromadas en Llambilles --que fueron recuperadas--, una talla de madera de la Mare de Déu Roser y otras dos imágenes de Figueres.

El cabo de la Unidad Regional de Proximidad y Atención al Ciudadano de Girona, Enric Padró, explicó que en el marco de este plan de seguridad se está realizando un censo de los bienes del millar de iglesias, parroquias, ermitas, rectorías y otros centros de culto de Girona para disponer de más información en caso de robo.

Según Padró, este censo se está elaborando con la delegación patrimonial del Obispado, que está haciendo un listado técnico pieza por pieza, además de determinar los centros "más vulnerables" porque tienen piezas de gran valor o están aislados, para poder orientar el patrullaje de la policía catalana.

Además, para prevenir sustracciones, los Mossos dan consejos de seguridad a párrocos, curas y otras autoridades eclesiásticas, recomendándoles retirar las tallas, retablos, cuadros, cálices y otras piezas de mucho valor, tener reproducciones o solo sacarlas en días señalados.

La "doctrina Parot"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), dictará mañana la sentencia en la que revisará la conocida "doctrina Parot", tras estudiar el recurso de una etarra que asegura que la aplicación de este precepto tiene un "objetivo político" y viola los derechos fundamentales.

La conocida "doctrina Parot", establecida por el Tribunal Supremo en el año 2006, establece que los beneficios penitenciarios se aplican al total de las condenas y no al máximo legal de permanencia en prisión (30 años según el antiguo Código Penal y 40 según el nuevo).

El recurso ante el TEDH contra esta doctrina fue interpuesto por la etarra Inés del Río Prada, que fuera miembro del "comando Madrid" de ETA en los años 80 junto a terroristas como Ignacio de Juana Chaos o Antonio Trotiño. Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel por su participación, entre otras acciones terroristas, en el asesinato de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid.

Del Río también participó en el asesinato del comandante Sáenz de Ynestrillas y otros dos militares y en el del vicealmirante Escrigas. En la actualidad se encuentra cumpliendo condena en Murcia.

La etarra ingresó en prisión en febrero de 1989. En vista de la conexión jurídica y cronológica de los delitos, la Audiencia Nacional acumuló las diferentes penas y fijó en 30 años la duración total de cumplimiento de condena, de acuerdo con el límite previsto en el Código Penal de 1973.

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, fijó la salida de prisión de Inés del Río Prada para el 2 de julio de 2008, teniendo en cuenta las redenciones por los trabajos que realizó en prisión. Pero esta resolución fue anulada en mayo de 2008 por la Audiencia Nacional, que solicitó a Instituciones Penitenciarias que realizará un nuevo cálculo de licenciamiento de la etarra en aplicación de la "doctrina Parot".

Finalmente, en junio de ese año, la Audiencia Nacional retrasó la salida de prisión de Del Río Prada hasta el 27 de junio de 2017.

La terrorista aseguró en su recurso ante el TEDH que el Estado español había aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma retroactiva, vulnerando así el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no se pueden dictar condenas que no estén sujetas a la ley. Del Río también invocó la vulneración del artículo 5 (derecho a la libertad) y del artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio.

En su recurso aseguraba que la aplicación de la "doctrina Parot" por parte de los tribunales españoles tenía un objetivo "político" con el fin de retrasar la puesta en libertad de las personas condenadas por terrorismo.
El Pleno del Tribunal Constitucional decidió el pasado mes de marzo avalar la "doctrina Parot", pero aceptó los recursos de estos tres etarras y rechazó la de otros 28 presos-, ya que se les aplicó esta norma cuando su liquidación de condenas era ya firme.

Hay que recortar en la Administración Pública ¡YA!

En las tertulias de algunas televisiones privadas en las que participan como tertulianos políticos de todos los colores, abogados, médicos, escritores, economistas, periodistas etc., suelen transcurrir dentro de la normalidad dando cada uno su opinión sobre el tema que se debate, pero cuando se trata de la situación que nos encontramos económicamente unos creen que los recortes que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, Partido Popular (PP), van encaminados para salir de la crisis, otros evidentemente opinan todo lo contrario, pero cuando algún tertuliano dice que Rajoy antes de recortar por donde lo está haciendo debería de hacerlo por la Administración Pública y recortar la cantidad de políticos y afines colocados a dedo, ya que pagar tantos sueldos es insostenible para el país -a lo que yo estoy totalmente de acuerdo con ello-, la tertulia ya toma otro cariz por parte de los que comen de la olla política.

  
Los ciudadanos lo tenemos claro, haga lo que haga el Gobierno, pagaremos los ciudadanos; y si no hace nada, no sólo será peor, sino que además también continuaremos pagando los mismos.

La única posibilidad de transformar la inquietud en esperanza reside en que algunos de los recortes se parezcan a lo que tantos reclamamos, disminuir el tamaño de la Administración, reducir el número de personas que cobran del Erario, liquidar empresas públicas fantasmales, superfluas o tapaderas de algo no muy legal, suprimir todo gasto suntuario, devolver a su tamaño razonable el parque móvil, acabar con el chorro de subvenciones millonarias que se dan inutilmente, etc.

Pues bien, el Consejo de Ministros del pasado viernes, al menos según la referencia oficial y la ampliación ofrecida por la vicepresidenta y el ministro de Justicia, no decidió nada en este sentido.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría comentó detalladamente los ahorros –de unas decenas de millones de euros, al parecer– que se pueden conseguir cambiando la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y renegociando los alquileres; pero esos comentarios no se referían a un decreto o una orden ministerial, sino a un informe sobre el asunto.

Es más que evidente que los mercados están acorralando a Rajoy. Aunque Sáenz de Santamaría intentó dar este viernes una imagen de normalidad y restó importancia a la fuerte subida de la prima de riesgo a lo largo de la semana, lo cierto es que el Gobierno está pensando ya en adelantar el anuncio de su plan de ajuste al próximo miércoles, fecha de comparecencia del presidente en el Congreso.

Los datos indican que en este primer semestre la desviación sobre el objetivo de déficit ha sido muy importante a causa de la caída de la recaudación fiscal, lo que obliga a Rajoy a endurecer el ajuste.

No hace falta ser adivino para darse cuenta de que si el déficit de nuestras cuentas sube notablemente por encima del 5,3% previsto, España está abocada a un rescate de su economía, puesto que será imposible financiarse en unos mercados que cada vez están más cerrados.

Italia tiene una prima de riesgo menor en 93 puntos a la española, pero aun así el Gobierno que preside Mario Monti aprobó esta semana el recorte de un 10% de los funcionarios del Estado italiano, cifra que se elevará al 20% para los dirigentes políticos.

Monti no quiso subir el tipo general del IVA -cinco puntos más alto que en España- por temor a un efecto contractivo sobre la demanda. La iniciativa del Gobierno italiano obliga a Mariano Rajoy a llevar a cabo ese recorte del tamaño de las Administraciones Públicas que ha venido demorando, y mientras no tome esta decisión entre otras, mal vamos.

La Liga Anticorrupción ya actúa

El pasado jueves comentaba que se había fundado la Liga Anticorrupción a fin de denunciar toda clase de irregularidades de nuestros políticos desde el Congreso de los Diputados hasta el último ayuntamiento.

Este mismo día presentaron un escrito en el Congreso de los Diputados en el que denuncian que ministros y diputados no se abstienen o inhiben como tienen obligación por la Ley de Incompatibilidades, ante votaciones sobre sectores económicos en los que tienen intereses particulares y acciones en empresas de esos sectores. La denuncia afecta especialmente a los ministros del actual Gobierno de Mariano Rajoy, Partido Popular (PP) y del último ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Desde la Liga Anticorrupción han señalado que “se ha pedido al Presidente del Congreso de los Diputados que se les informe de los diputados que en aplicación de la Ley de Incompatibilidades se abstuvieron o inhibieron de votar durante esta legislatura y la anterior. Se trata de un paso previo al inicio de las acciones judiciales contra quienes votaron y tomaron decisiones en sectores en los que tienen interés privado y directo puesto que poseen acciones o participaciones en empresas de esos sectores, lo cual además de ser ilegal, es impresentable”.

En el escrito presentado el jueves se pide además que se solicite a los diputados que detallen las participaciones accionariales o sociales en todas aquellas entidades o empresas privadas, tengan o no cotización en bolsa y que se publiquen para conocimiento de la ciudadanía. Desde la Liga Anticorrupción explican que “esta petición se realiza debido a que como explicamos en el escrito de ayer, hay diputados que no detallan las empresas en las que tienen esas acciones o participaciones acogiéndose al principio de que no cotizan en bolsa, lo cual no significa que no se tenga interés en ese sector económico. De hecho, matizan, “podemos estar por ejemplo ante acciones en empresas como medios de comunicación que no cotizan en bolsa pero que sin embargo se adoptan decisiones como la concesión de licencias de emisión, o de empresas que aunque no cotizan son las más grandes en su sector, y tener a ministros o diputados tomando decisiones que pueden tener una repercusión directa en el crecimiento y el negocio de esas empresas y por tanto en los beneficios de esas acciones”.

El Parque Agrario del Baix Llobregat

 El Parque Agrario de la comarca Baix Llobregat (Barcelona) cuenta con 3.000 hectáreas, de las que 2.000 están cultivadas y divididas en 500 explotaciones que dan trabajo a unas 1.500 personas oficialmente.

Como se puede comprobar por estos datos tan simples, en los terrenos donde el Gobierno catalán quiere instalar Eurovegas no existe el paro y si, en cambio, al lado de los cultivos, El Remolar y La Ricarda dos paraísos naturales para las aves, por los que los ecologistas y la gente de la comarca ha peleado duramente durante muchos años. También, nadie lo ha dicho, bajo tierra, está uno de los acuíferos más importantes de España, que la industralización y los aviones todavía no ha podido contaminar del todo. La construcción de grandes edificios y zonas de recreo acabarían definitivamente con su salubridad.

El producto más emblemático del Parque Agrario es “la alcachofa Prat”, pero también se cultivan otras frutas y hortalizas.

Ahora, cuando se habla tanto de Eurovegas y de destrozar este vergel al lado mismo de Barcelona, saltándose todas las leyes aprobadas en el Parlament de Catalunya, el Parque Agrario del Baix Llobregat ha puesto en marcha una campaña de promoción de sus productos entre los restaurantes de la comarca que preparan platos elaborados con frutas y hortalizas cultivadas en los terrenos agrícolas del centro y del sur de la comarca.

Un total de 39 restaurantes participan en la campaña 'Los sabores de la huerta', promovida por el Consorcio de Turismo del Baix Llobregat y por el Consorcio del Parque Agrario con la colaboración de los gremios de hostelería de la comarca, con el objetivo de dar a conocer el producto local y de proximidad a través de la restauración.

En septiembre conoceremos a donde se va a construir la instalación de ocio Eurovegas, Madrid o Barcelona. En varias ocasiones ya he comentado que en el caso que sea elegida Barcelona el Gobierno de la Generalitat tiene que estudiar muy meticulosamente y seriosamente los pros y contras de este gran proyecto, y los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de ello, no vaya a ser que se interpongan intereses políticos o particulares antes de los que realmente interesan a la comarca, y vayamos a perder este tesoro agrícola que tenemos la suerte de disfrutar los que vivimos en ella.

“La liga anticorrupción”

La corrupción, los abusos de poder o el despilfarro de dinero público tendrán a partir de ahora un nuevo enemigo. Se trata de la Liga Anticorrupción, un movimiento cívico que presidirá Augusto González, uno de los sobrinos de Adolfo Suárez -presidente del Gobierno, 1976-1981, al que acompañan abogados, economistas, expertos en urbanismo, periodistas y un grupo de personalidades ligadas al mundo del derecho, la universidad, la economía, la judicatura y la fiscalía.

Con el objetivo de frenar en seco la corrupción en España, que consideran cada día más generalizada, los despilfarros y los abusos de poder, el pasado 1 de julio se fundó en Madrid un movimiento cívico que pretende ser una acicate para erradicar estas prácticas tan nefastas para una sociedad tan castigada por la crisis. El movimiento cívico, que se conocerá bajo el contundente y clarificante nombre de “Liga Anticorrupción” fue registradoel martes en el Ministerio del Interior. La próxima semana se pondrá en marcha una moderna página web en www.ligaanticorrupcion.org a través de la cual los ciudadanos podremos denunciar cualquier corruptela, que será perseguida judicial y públicamente por la Liga Anticorrupción aunque aclaran que los ciudadanos que deseemos ponerse en contacto con ellos ya podemos hacerlo a través del mail info@ligaanticorrupcion.org

Aunque se afanan en explicar que se trata de un movimiento cívico en el que ya están involucradas varias decenas de personas y que no se trata de una organización al servicio de nadie que no sea la sociedad. La Liga Anticorrupción que se declara “absolutamente apartidista” y alejada de cualquier personalismo iniciará a partir de mañana su actividad con la presentación de una denuncia ante el Congreso de los Diputados.

Augusto González dijo “queremos que quienes ejercen cargos públicos desde el despotismo, el despilfarro y la impunidad comiencen a saber que la ciudadanía no les quiere y que España necesita que la ética y el servicio público sea la escala de valores de una nueva forma de entender la política”. González también cargó contra la forma de hacer política actual y ha señalado que “la ética que necesitamos de nuestros políticos está en las antípodas de las prácticas actuales de una clase política encapsulada en sí misma y cuyo objetivo no es en muchos casos la representación de los ciudadanos sino de sí mismos y de sus intereses de partido o particulares”.

González señaló que este nuevo movimiento cívico cuenta ya con la adhesión y participación de importantes personalidades procedentes del mundo del derecho, la universidad, los medios de comunicación, la economía y hasta de la judicatura y la fiscalía, que se irán dando a conocer de forma paulatina en unos casos, y en otros estarán en un segundo plano apoyando a través del asesoramiento o la representación jurídica de la Liga Anticorrupción.

Los fines de la Liga Anticorrupción quedan meridianamente claros en los estatutos:

1.- La denuncia ante los organismos oficiales pertinentes, la opinión pública y la administración de Justicia de todas aquellas actividades ilícitas, ilegales, de corrupción, de incumplimiento de la legalidad vigente, de uso indebido o abusivo de los fondos públicos en beneficio de entidades y particulares, y en especial de aquellas actividades que no respeten el marco legalmente establecido y concernientes a entidades o representantes públicos de los ciudadanos.

2.- La denuncia de todos aquellos abusos de posición de representantes políticos, o de privilegio respecto a sus representados, o de no adaptación o extralimitación de los principios democráticos y de representatividad señalados en la legalidad vigente.

3.- La denuncia de la falta de transparencia en instituciones, organismos, empresas o entidades públicas o participadas con fondos públicos que puedan dar lugar gracias a esa opacidad a un uso indebido del dinero público.

4.- La búsqueda de la calidad democrática y la democracia participativa a través de la erradicación de cualquier práctica de uso indebido de fondos o cargos públicos.

A ver si entre todos podemos conseguir que todos estos políticos corruptos, derrochadores y sinvergüenzas, que aparte de hacerles mucho daño al resto de políticos honrados se han enriquecido a costa de los contribuyentes, vayan a parar ya de una vez a la cárcel que es donde deben de estar.

Movilización contra la eugenesia

"El tribunal europeo no debe reconocer el derecho a la detección prenatal del síndrome de Down, ya que esto dejaría abierta la puerta a la eugenesia". Así de contundentes se mostraron una treintena de organizaciones y grupos que luchan por la defensa y los derechos de las personas con discapacidad.

Esta plataforma que agrupa a asociaciones en contra de la eugenesia tiene su origen en la lucha contra un caso concreto que una mujer llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de tener un bebé con Síndrome de Down. Criticaba que no se le hubieran practicado todas las pruebas pertinentes para conocer el diagnóstico y decidir si prefería matar al feto o dejarlo vivir.

La plataforma en contra de la eugenesia inició entonces la recogida de firmas porque lo que "constituye una verdadera violación de los derechos humanos" es "la eliminación sistemática de los niños trisómicos de Europa" y no "el hecho de que algunos de ellos hayan escapado a esta selección". Para poder participar de esta movilización la propia organización ha habilitado a partir de su página web, un espacio para adherirse a esta iniciativa.

Algunas de las agrupaciones en defensa de la vida que participan activamente en contra de la eugenesia en Europa son: la Asociación Europea Síndrome de Down, la Fundación Jérôme Lejeune de Francia, y la Fundación Síndrome de Down de Madrid.

En su declaración de intenciones explican sus objetivos: "Nosotros, asociaciones, personas minusválidas y sus familias, pedimos al Tribunal que reafirme el principio de la prohibición del eugenismo, así como la obligación de los Estados de proteger la vida de toda persona, incluidas las personas minusválidas antes de su nacimiento. Es todo un reto de humanidad para nuestra sociedad europea".

#MasNoPaga

Una vez más el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, Convergència i Unio (CiU) vuelve a ser noticia, y no precisamente por su generosidad de dar subvenciones millonarias para fomentar la lengua catalana, esta vez por no pagar lo acordado con los más desfavorecidos. En toda la Historia de la Generalitat de Cataluña nunca habido un presidente que en tan poco tiempo día sí y otro también sea portada en los periódicos por tanta generosidad para unos y tan poca sensibilidad para otros.

Twitter echa humo con el hastag #MasNoPaga y ya hay colgados comentarios que dicen por ejemplo "un gobierno que no paga lo que debe a los más empobrecidos, no puede hablar de valores" Las ONG congregadas en la Agencia Catalana de Cooperación ocuparon el edificio de Via Laietana, 14 de Barcelona después de hacer entrega de actas de suspensión de proyectos por falta del pago acordado y firmado por la Generalitat.

Los miembros de la Confederación Catalana de ONG, formada por la Federación Catalana de ONG para el desarrollo, la Federación Catalana de ONG por la Paz y la Federación Catalana de ONG de Derechos Humanos, en nombre de todo el sector, ha entregado de forma conjunta y unitariamente, a la Generalitat una lluvia de instancias de ONG que se han visto obligadas a detener sus proyectos y programas de cooperación y promoción de los derechos humanos y la paz, debido a los impagos, así mismo se le entregó una carta -puede leerla en catalán o castellano-. El gobierno de la Generalitat no paga lo que debe a las ONG y con esta opción está comprometiendo la cooperación y el futuro de sus profesionales.

El acto reindicativo se está llevando a cabo ante la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ya que este organismo es el responsable de coordinar y ejecutar la política pública catalana de cooperación. El parón de las ONG catalanas se produce ante el ahogamiento que el Gobierno de Convergència i Unió está ejerciendo sobre todo el sector, y que la Confederación considera inaceptable.

El Gobierno ha cortado de raíz la contribución de la sociedad catalana a la construcción de un mundo más justo y solidario, al pasar en dos años de dedicarse 49 millones de euros a cooperación a reservar sólo 9,5 millones de euros, un recorte del 81%, sin comparación con el resto de departamentos y políticas públicas del Gobierno. El recorte es aún mayor para las ONGD (93%), ya que el Gobierno destinará una parte del presupuesto de cooperación a las empresas. Sólo la Dirección General de Publicaciones supera estos recortes.

La cooperación al desarrollo, la educación en valores y la defensa de los derechos humanos y la paz no sólo están al final de la cola de las prioridades del Gobierno a la hora de hacer los presupuestos, sino también a la hora de cumplir sus compromisos. Los impagos de la Agencia Catalana de Cooperación y de la Subdirección de Memoria y Paz se suman a los impagos de otros departamentos de la Generalitat con el resto de entidades del tercer sector, llegándose a acumular una deuda de 700 millones de de euros con entidades sociales.

Las presiones a la Guardia Civil de Tráfico

No hace muchos años si te paraba la Guardia Civil de Tráfico y te sancionaba con una multa, rara era la vez que podías hacer una reclamación por creer que ésta era injusta. Ahora que nadie se extrañe si te ponen una multa por cualquier motivo, los tiempos y los políticos han cambiado.

 
Las "presiones" sobre los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) para que pongan multas se han "recrudecido" últimamente, según han denunciado varias fuentes de este cuerpo. En paralelo, las multas de tráfico impuestas por agentes aumentaron un 10,8 por ciento en abril, de acuerdo al último anuario estadístico de la ATGC.

Así, se ha pasado de 183.510 multas en el mes de abril de 2011 a 203.438 sanciones en el mismo mes de este año, un aumento de casi el 11 por ciento que desde dentro de la agrupación atribuyen a las "constantes ordenes, siempre verbales" que se transmiten desde el Ministerio de Interior para incrementar el número de sanciones.

Estas "presiones" se traducen en ocasiones en retiradas del plus que reciben los agentes por productividad y en "preavisos" en los que se informa a los mismos de su "bajo rendimiento" y se les pone sobre aviso de las consecuencias que puede tener para su sueldo si no mejoran su comportamiento.

Concretamente, en dos de estas cartas, a, se advierte a dos agentes, que están por debajo de la media de su unidad en cuanto a denuncias de tráfico, de que si no aumentan el número de actuaciones "podrán ser propuestos para la no percepción del complemento de productividad", lo que implica un recorte del sueldo de alrededor de 230 euros aproximadamente.

Este tipo de avisos, unidos a las órdenes verbales, ha provocado "un ambiente inaguantable" en algunas provincias, según las mismas fuentes que se quejan de que los agentes que ceden a estas presiones e imponen más multas se benefician de los mejores turnos u de otro tipo de compensaciones.

Unido a estas presiones, los agentes se quejan de que los recortes están "a la orden del día" con "situaciones rocambolescas" en algunas unidades en las que los agentes se ven obligados a compartir una única PDA entre 30 y 40 personas o tienen que prescindir de imprimir documentos, por tener la impresora averiada desde hace tiempo y no hacerse cargo la Dirección General de Tráfico (DGT) de su mantenimiento.
Mientras, las mismas fuentes han señalado que en otras unidades directamente ni siquiera hay boletines de papel porque no se suministran o se han tenido que suspender controles de alcoholemia al no disponer las patrullas de ningún etilómetro, por tener que compartirlo con otras.

La Unión de Guardias Civiles ha subrayado la "necesidad de más vigilancia", no mediante la instalación de "más radares o campañas anecdóticas y mediáticas" sino mediante la presencia de agentes de tráfico en la carretera y la dotación a las patrullas de instrumentos adecuados para hacer su trabajo, que consiste en "mejorar la seguridad vial".

Una vez más con ello queda demostrado la casta política que tenemos en este país, derrochan por todos los lados lo que no tenemos, y luego obligan a los agentes a multar cuando alguna infracción no es merecedora de ello sino de una advertencia verbal como antes.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que entran en vigor hoy, después de que el pleno del Congreso aprobara esta semana el texto definitivo con los votos del Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y con la inclusión de las 85 enmiendas que introdujo el grupo popular en el Senado.

Las cuentas del Estado para 2012 incluyen la subida del impuesto de sociedades para grandes empresas y una reducción del gasto en los ministerios del 16,9 %, donde destacan las bajadas para Fomento y para Asuntos Exteriores y Cooperación.

Además, los Presupuestos incluyen un programa de regularización voluntaria de activos, una "amnistía fiscal parcial" para quienes hagan aflorar capitales que no hayan declarado.

Gracias a este plan, tal y como reflejaba el proyecto de Presupuestos, aquellos que deseen normalizar su situación ante la Hacienda pública sólo tendrán que pagar una parte del capital que declaren para quedar de nuevo integrados en el sistema tributario. El Estado pretende recaudar 2.500 millones de euros con esta medida.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno ha optado por limitar las deducciones en el impuesto de sociedades, a las que se pueden acoger las grandes empresas, y por modificar el impuesto especial sobre el tabaco, lo que se suma a la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF acordada en diciembre.

Entre las enmiendas aprobadas, que aparecen en el texto definitivo, está un aval de 66.000 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por si este organismo debe movilizar recursos adicionales en el proceso de recapitalización de las entidades financieras.

Uno de los cambios introducidos en el texto final desarrolla una compensación a los autores ante la supresión del canon digital, mientras que otro establece ayudas para la adquisición de libros de texto. EFECOM.